Congreso archiva denuncia contra Dina Boluarte por muertes durante las protestas

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La Comisión Permanente del Congreso de la República archivó de manera definitiva la denuncia constitucional presentada contra la presidenta Dina Boluarte y varios de sus exministros por las muertes y lesiones registradas durante las protestas sociales ocurridas entre diciembre de 2022 y los primeros meses de 2023.

La decisión pone fin al trámite parlamentario de una de las acusaciones más sensibles de los últimos años, relacionada con las intervenciones de las fuerzas del orden durante las manifestaciones que se desarrollaron en distintas regiones del país tras la crisis política generada por la salida del expresidente Pedro Castillo.

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Congreso declara improcedente la denuncia

El archivamiento se produjo luego de que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales concluyera que la denuncia no podía ser evaluada nuevamente debido a que los mismos hechos ya habían sido materia de procedimientos anteriores durante el actual período legislativo.

Bajo ese argumento, el grupo de trabajo declaró improcedente el informe y recomendó su archivo definitivo, posición que posteriormente fue respaldada por la Comisión Permanente.

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Desde el Parlamento se sostuvo que la decisión responde al cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos en el Reglamento del Congreso, descartando la posibilidad de reabrir una denuncia previamente rechazada por el Legislativo.

Acusación fue presentada por la Fiscalía

La denuncia constitucional había sido formulada por la entonces fiscal de la Nación, Delia Espinoza, quien atribuyó a la mandataria presuntas responsabilidades por delitos vinculados contra la vida, el cuerpo y la salud, en el contexto de las protestas que dejaron decenas de fallecidos y cientos de heridos en diversas regiones del país.

La acusación también alcanzaba a varios exintegrantes del gabinete ministerial que desempeñaban funciones durante los hechos investigados.

El caso se convirtió en uno de los principales temas de debate político y jurídico debido a las demandas de diversos sectores que exigen determinar responsabilidades por las muertes ocurridas durante las manifestaciones.

Organizaciones y familiares cuestionan decisión

El archivamiento de la denuncia generó reacciones críticas por parte de organizaciones defensoras de derechos humanos y familiares de las víctimas, quienes consideran que la decisión limita las posibilidades de acceder a la justicia y esclarecer plenamente lo ocurrido durante las protestas.

Diversos colectivos han sostenido que las investigaciones deben continuar para determinar si existieron responsabilidades políticas o funcionales en las actuaciones que derivaron en la pérdida de vidas humanas durante el conflicto social.

Por otro lado, sectores que respaldan la decisión del Congreso argumentan que el procedimiento se ajustó al marco legal vigente y que corresponde respetar las decisiones adoptadas dentro del fuero parlamentario.

Un caso que sigue marcando el debate nacional

A pesar del archivo de la denuncia constitucional en el Congreso, el debate sobre las responsabilidades derivadas de las protestas de 2022 y 2023 continúa siendo uno de los temas más sensibles de la agenda política peruana.

Los hechos ocurridos durante aquel período siguen generando posiciones enfrentadas entre actores políticos, organizaciones civiles y organismos defensores de derechos humanos, en medio de una discusión que mantiene vigencia sobre la búsqueda de justicia, la rendición de cuentas y el respeto a los derechos fundamentales en contextos de conflictividad social.

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