La Contraloría General de la Republica reveló un perjuicio económico de 33 millones 726 mil soles en la región Puno, de este monto 21 millones corresponden a la Dirección Regional de Transportes y comunicaciones, al destinar irregularmente fondos públicos para pago de planillas.
En el año 2023, la Contraloría General ha emitido 2530 informes evidenciando la presunta responsabilidad penal, y administrativa con Procedimiento Administrativo Sancionador a funcionarios y servidores públicos.
Los funcionarios con presunta responsabilidad administrativa son 233, mientras 77 con responsabilidad civil, 49 con Procedimiento Administrativo Sancionador y 190 con responsabilidad penal.
Las irregularidades detectadas corresponden a casos de paralización de obras viales, exoneración de multas y cobro de penalidades por mora, informó el Gerente Regional de Control de Puno, Vladimiro Vegas Palomino.
Instó a las autoridades y a los titulares de las entidades para tomen acciones correctivas, teniendo en que este año se tiene programado 807 servicios de control en la región Puno.
