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Defensores ambientales en Perú: entre amenazas, asesinatos y un Estado ausente

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En los últimos años, los defensores ambientales en el Perú enfrentan una ola de violencia sin precedentes. Personas que luchan pacíficamente por proteger sus territorios ancestrales y los recursos naturales son víctimas de amenazas, ataques e incluso asesinatos por parte de actores ilegales y grupos delictivos que operan en zonas de la Amazonía. 

A pesar de los avances en la legislación y esfuerzos institucionales hasta la fecha, la protección y seguridad efectiva de los defensores continúa siendo una meta pendiente. El caso más reciente es el de Victorio Dariquebe, un guardaparque indígena de la Reserva Comunal Amarakaeri, quien perdió la vida en abril de este año en circunstancias aún por esclarecer. 

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Previamente, Victorio había recibido amenazas y fue trasladado dentro de la reserva como medida de protección, dado que alertaba sobre el avance de la minería ilegal en la zona de amortiguamiento. Con su trágica muerte, la cifra de víctimas en la última década aumenta a 34 en una larga lista de crímenes perpetrados contra aquellos que defienden el ambiente.

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Victorio Dariquebe, guardaparque indígena de la Reserva Comunal Amarakaeri, quien perdió la vida en abril de este año en circunstancias aún por esclarecer. (Foto: New Orleans Public Radio)

“Pero nosotros tenemos que seguir defendiendo por nuestras familias, por nuestros niños y porque queremos dejar también un territorio vivo a futuras generaciones, uno que cuente con agua, con alimentos y, sobre todo, esté libre de violencia” enfatiza con preocupación Marisol García, presidenta de la Federación de Pueblos Indígenas Kechwa Chazuta Amazonía (Fepikecha). 

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Quinto Inuma y la falta de acción del Estado

En conversación con Inforegión, la lideresa kichwa cuestionó la falta de acción por parte del Estado frente al caso de Quinto Inuma, jefe de la comunidad indígena kichwa Santa Rosillo de Yanayacu, quien fue asesinado a pesar de la existencia de un protocolo de protección para defensores. 

Tras su muerte, decenas de familias se vieron obligadas a abandonar sus hogares y refugiarse en Tarapoto por temor a represalias. «El protocolo no funciona, no tiene en cuenta nuestro enfoque y tampoco nos involucra como parte de la solución», subraya la lideresa kichwa.

El crimen ocurrió en noviembre de 2023, cuando el líder regresaba a su comunidad después de participar en una reunión con defensores ambientales en Pucallpa. Durante este encuentro, Inuma expuso cómo las invasiones, el tráfico de tierras, la presencia del narcotráfico y la tala ilegal estaban causando estragos en su territorio. Desde hacía años, el líder estaba recibiendo amenazas, motivo por el cual contaba con medidas de protección proporcionadas por el Ministerio de Justicia. 

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Quinto Inuma, jefe de la comunidad Santa Rosillo de Yanayacu, quien fue asesinado a pesar de contar con medidas de protección proporcionadas por el Ministerio de Justicia. (Foto: Archivo de Quinto Inuma)

Legislación y protección para los defensores ambientales en el Perú

La situación de los defensores ambientales en Perú es crítica, y el Estado no logra brindar una protección efectiva a pesar de los avances en materia legislativa. Si bien se crearon mecanismos como el Protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de derechos humanos y el Mecanismo intersectorial para la protección de los mismos, estos instrumentos son insuficientes y poco efectivos en la práctica, según expertos.

«Son el nivel más básico de respuesta. Lo que realmente se necesita es un plan de acción concreto que indique cómo neutralizar la amenaza, pero hasta el momento no hemos avanzado en esa dirección», destaca el abogado ambientalista y expresidente del Tribunal de Solución de Controversias Ambientales del Ministerio del Ambiente, Carlos Soria, en una entrevista con este medio. 

“Es crucial que los defensores tengan acceso a protección más allá de una simple orden de restricción. No podemos abordar este problema desde una perspectiva externa, es necesario comprender la situación desde la posición del defensor agredido, luego dirigirse al puesto del Estado más cercano y, finalmente, a la capital. El problema es que muchos enfoques comienzan desde la capital y carecen de comprensión sobre el terreno. Hay una desconexión con la realidad de los pueblos indígenas”, añade.

Soria destaca que para neutralizar a los actores involucrados en economías ilegales se requiere de una operación mucho más compleja que un protocolo que se reduce a una medida declarativa. “Estos protocolos pueden parecer efectivos en informes, pero en realidad no ofrecen soluciones prácticas para las víctimas”, resalta.

Medidas insuficientes

Por su parte, la lideresa kichwa denuncia la insuficiencia de las medidas de protección otorgadas por el Estado. «Hemos sido amenazados por denunciar las economías ilícitas como el narcotráfico, la tala ilegal, el despojo territorial por la creación de áreas naturales protegidas y el tráfico de tierras”, indica. 

Marisol García enfatiza que las medidas de protección no son una respuesta real a las amenazas. “(…) las medidas de protección que nos han dado son simplemente un documento en papel y cuando realmente necesitamos protección, la policía no está presente o nos dicen que carecen de presupuesto o recursos». 

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Marisol García, lideresa de Fepikecha, y Carlos Soria, abogado ambientalista. (Fotos: Fabrice Bourgelle/ Archivo de Carlos Soria) 

Lamenta que las autoridades justifiquen su falta de acción con la escasez de recursos,  «la policía de Chazuta no tiene botes, camionetas, motos, por lo que cuando los llamamos, no pueden responder», explica.

¿Cómo promover políticas efectivas?

En medio de esta crisis, expertos como Carlos Soria destacan la necesidad de un enfoque multisectorial y multinivel para abordar la protección de los defensores ambientales. “Es fundamental que en el aparato burocrático no solo haya el mandato general, sino un personal jerarquizado con roles específicos para cumplir con los objetivos de protección y salvaguarda, provisto de los recursos necesarios para lograr dichos propósitos”, subraya. 

Como parte de un informe especializado elaborado por el abogado, se propone también la realización de cursos y capacitaciones dirigidos a diversos actores como magistrados, jueces, fiscales, personal policial y prefectos, sobre el marco legal aplicable y las sanciones por acción u omisión contra defensores de derechos humanos.  

Además, se destaca abordar acciones concretas como la creación de una base de datos que incluya profesionales legales y científicos, el respaldo legal y técnico a abogados indígenas, la formación de equipos especializados y la coordinación con organizaciones indígenas regionales.

Marisol de Fepikecha, sugiere una solución integral que incluya el fortalecimiento de las rondas comunales. «También es crucial comenzar por el saneamiento del territorio de los pueblos indígenas para detener el constante despojo territorial que facilita la tala, la venta de tierras y la expansión de monocultivos, actividades que operan sin restricciones estatales”, señala. 

“Reconocer la seguridad de estos pueblos es el primer paso, seguido de la erradicación de las economías ilegales y el apoyo a iniciativas de las comunidades en emprendimientos sostenibles arraigados en su territorio y cultura”, concluye. 

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Familiares de los líderes asesinados en el caso Saweto y pintas en la casa del defensor ambiental Miguel Guimaraes. (Fotos: El Comercio / Aidesep)

Casos pendientes

Mientras tanto, las viudas de los defensores ambientales asesinados en el caso Saweto, ocurrido en 2014, exigen que se cumplan los ofrecimientos de educación por parte del Estado para sus hijos, vivienda y pensiones de orfandad. Hasta la fecha estas promesas no se ejecutan en su integridad.

Por otro lado, líderes como Miguel Guimaraes, defensor ambientalista y vicepresidente de Aidesep, es objeto de amenazas. En abril de este año, su casa fue vandalizada con la frase «No vivirás», y sus pertenencias fueron saqueadas. La organización insta a la fiscalía a investigar y encontrar a los responsables. Este incidente se suma a las amenazas de muerte que Guimaraes recibió en 2020, a través de su celular.

La situación de los defensores ambientales en Perú es un reflejo de la fragilidad del Estado y su incapacidad para garantizar la protección de quienes luchan por preservar el ambiente y los derechos de las comunidades indígenas. Mientras los asesinatos y amenazas continúen, la deuda del Estado con los defensores y defensoras seguirá creciendo.

Lea la nota original aquí o visita el medio Inforegión

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