Escribe: Xilena Pinedo – Mongabay Latam
“Los indígenas andan desnudos”, le dijo una encuestadora del censo de 2025 a Hipólito Yovera, cuando en respuesta a la pregunta diez en la que se recogía información sobre su identidad, él se autoidentificó como parte del pueblo indígena tallán, en la comunidad San Juan Bautista de Catacaos, en Piura, Perú. “Nosotros venimos de una cultura, pero a veces las instituciones desconocen quiénes somos”, explica el exdirigente de la Central de Rondas Campesinas.
En febrero de 2026, esa misma comunidad celebró el anuncio sobre su incorporación a la Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas del Ministerio de Cultura como pueblo indígena costero, un reconocimiento que llega después de años de gestiones y aún con una disputa judicial por casi 10 000 hectáreas de territorio comunal.
Ese reconocimiento no solo incluye a la comunidad campesina San Juan Bautista de Catacaos sino también a otras ocho comunidades vecinas: San Martín de Sechura, San Lucas de Colán, José Ignacio Távara Pasapera, Apóstol Juan Bautista de Locuto, Señor Cautivo de Progreso Alto, Señor de los Milagros, Castilla y Chonta. Otras tres comunidades no lograron la inclusión en el registro.
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La Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas u Originarios es un sistema de registro creado por el Estado peruano para identificar a los pueblos indígenas del país y garantizar la aplicación de derechos colectivos, como la consulta previa. En el departamento de Piura ya figuraban cinco comunidades de origen quechua. Pero hasta 2026 no se había reconocido a ninguna comunidad heredera de otras culturas, como los pueblos Tallán, Sechura y Colán.
“Los tallanes eran pueblos que habitaban la costa norte antes de la llegada de los españoles y estaban organizados en cacicazgos”, explica Pável Labán, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), organización que acompañó a las comunidades durante el proceso de identificación e inclusión en la base de datos. El documento que recopila registros históricos evidencia la presencia de lideresas conocidas como capullanas, mujeres que ejercían autoridad en estos territorios. “Eso es algo también muy interesante porque cambiaría totalmente la perspectiva de la historia y cómo nos ha sido contada”, añade el abogado y autor del texto.
Para lograr este reconocimiento, las comunidades tuvieron que demostrar una serie de criterios establecidos por la normativa peruana. Entre ellos, la continuidad histórica desde antes de la conquista, la conexión territorial con los lugares que habitaron sus ancestros, la existencia de instituciones propias y la autoidentificación como pueblo indígena.
En ese marco, especialistas del Ministerio de Cultura realizaron trabajo de campo en doce comunidades de Piura entre marzo y abril de 2025 para recoger información histórica, antropológica y social. El proceso de identificación e inclusión a la base de datos tomó alrededor de dos años. “Ha sido una lucha para nosotros llegar a la base de datos”, dice Yovera. “Hemos tocado bastantes puertas para que nos den el reconocimiento”, agrega.
Aunque la inclusión en la base de datos de pueblos indígenas u originarios de Perú ya es un logro, el Ministerio de Cultura incorporó a ocho de las nueves comunidades bajo la categoría “presenta atributos de Pueblo Indígena u Originario”, sin detallar el pueblo al que pertenecen. La única afiliada al pueblo indígena quechua fue la comunidad de Chonta.
De acuerdo con el informe elaborado por la entidad estatal esto se debe a que “no han podido ser identificadas como pertenecientes a un pueblo indígena u originario que haya sido identificado previamente”. El Ministerio señaló a Mongabay Latam que en el caso de las comunidades que no pertenecen a ninguno de los 55 pueblos indígenas u originarios identificados a la fecha, iniciarán “las acciones para su determinación a través de estudios específicos”.
Una historia de tradiciones finalmente reconocidas
Cuando Javier Girón piensa en su territorio dice que es difícil explicarlo en pocas palabras. “Es tan amplio, tan grande, que le faltará tiempo para visitar todos los anexos”, comenta el comunero de la comunidad campesina San Juan Bautista de Catacaos, mientras describe los kilómetros de tierras que se extienden a lo largo de la carretera Piura–Chiclayo y los distintos caseríos que forman parte de la comunidad.
Para Girón, ese territorio también es el lugar donde sobreviven prácticas y saberes ancestrales. “Soy descendiente de la cultura tallán. Mi madre era tejedora de sombreros de paja toquilla, también preparaba chicha», resalta. Además, dice, «en lugares como Simbilá todavía hay alfareros”.
A esas prácticas se suman espacios que los comuneros consideran parte de su historia, como el sitio arqueológico de Narihualá, donde según los relatos locales se levantaba uno de los templos más antiguos de la región y desde donde el dios Huallac vigilaba sus territorios.
En Catacaos y otras comunidades del Bajo Piura, la identidad tallán sigue presente en la vida cotidiana. “Nuestras mamás preparan la [chicha de] jora y tenemos también nuestras fiestas tradicionales, como los carnavales y fiestas patronales”, cuenta Diana Culupú Inga, comunera de la zona.
La relación con la tierra también forma parte central de esa identidad. Muchas familias viven de la agricultura y la ganadería en sus chacras, donde cultivan maíz, limón, frijoles, yuca, mango y tamarindo, entre otros productos que caracterizan a los valles del norte de Perú. “Nuestro medio de vida es nuestro territorio porque nos deja sembrar, cosechar y producir”, señala Culupú. Parte de esa producción se destina al consumo familiar y otra se vende en los mercados locales.
Diversos estudios históricos, recogidos por el informe del Ministerio de Cultura, señalan que los tallanes habitaron gran parte de la costa norte del actual departamento de Piura y los valles cercanos desde tiempos preincaicos. Este pueblo desarrolló actividades como la agricultura, la pesca, la ganadería, la artesanía y el comercio.
“La pesca es una práctica económica heredada desde sus antepasados, principalmente para las comunidades de San Martín de Sechura y San Lucas de Colán, que tienen salida al mar. Se dice que las primeras balsas del país, que luego se han expandido como una herramienta de navegación en todo el litoral peruano, vienen de los Sechuras”, recoge el documento oficial al que Mongabay Latam tuvo acceso.
Además, sitios como Narihualá fueron centros ceremoniales y políticos importantes, y la memoria local también recuerda el liderazgo de las llamadas capullanas, mujeres que ejercían autoridad en sus territorios.
Durante décadas, sin embargo, estas prácticas y memorias no habían sido reconocidas oficialmente como parte de un pueblo indígena. El reciente ingreso de Catacaos y las otras ocho comunidades de Piura a la Base de Datos de Pueblos Indígenas del Ministerio de Cultura marca, para muchos comuneros, un reconocimiento formal de una identidad que nunca dejó de existir.
“Me siento como debería sentirse todo comunero y, sobre todo, un descendiente: alegre. Alegre porque le devolvieron el título que tenía ancestralmente como Comunidad Campesina e Indígena San Juan Bautista de Catacaos”, resalta Girón.
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Un reconocimiento con impactos reales
La historia del pueblo tallán no solo está marcada por sus tradiciones, festividades y formas de vida ligadas al territorio. En las últimas décadas, también ha estado atravesada por conflictos por la tierra. Comunidades del Bajo Piura denuncian que cerca de 9985 hectáreas de su territorio comunal fueron tituladas a nombre de empresas privadas sin que ellos lo supieran, un proceso que hoy intentan revertir.
El problema se volvió evidente cuando las comunidades comenzaron a revisar los registros de propiedad. Fue entonces cuando descubrieron que algunas áreas donde viven y trabajan campesinos aparecían a nombre de empresas o particulares.
“Si vienen a visitar el llano pueden ver que quienes están ahí son campesinos, ganaderos, agricultores, los que están con su ganado, con sus abejas, con su maíz”, cuenta Culupú. Sin embargo, en los registros formales aparecían otros propietarios. “Por ejemplo, ahora en mi Unidad de Producción Comunal una constructora aparece como la dueña de nuestras tierras, cuando nosotros tenemos un título que nos ampara”.
Las comunidades sostienen que cuentan con títulos de propiedad otorgados en 1991, pero que posteriormente se realizaron adjudicaciones y registros que terminaron superponiéndose con esas tierras comunales. Parte de esas transferencias, señalan, ocurrieron a partir de una asamblea cuestionada y posteriores inscripciones registrales que fragmentaron el territorio en múltiples partidas.
Para los líderes comunales, el reciente reconocimiento como pueblo indígena representa un paso importante en esa disputa. “Para nosotros fue una alegría y también satisfacción de haber recibido esta noticia que es muy buena, porque así nos acercamos a lo que dice el Convenio 169 de la OIT [Organización Internacional del Trabajo, que establece, entre otras cosas, el derecho a la consulta previa y al reconocimiento de su territorio]”, señala Diana Culupú.
La dirigente también recuerda que, aunque muchas familias han trabajado esas tierras durante generaciones, hoy parte de ese territorio aparece titulado a nombre de empresas privadas. “Nuestros padres, nuestros abuelos, desde hace muchas generaciones han sido los que han sembrado la tierra, los que han tenido su ganado”, afirma.
Frente a esta situación, en febrero de 2025, la comunidad campesina San Juan Bautista de Catacaos presentó una demanda de amparo ante el Poder Judicial contra entidades del Estado y al menos una decena de empresas privadas para exigir la restitución de esas tierras y la titulación de su territorio ancestral. Algunas de las compañías demandadas están vinculadas al desaparecido Sodalicio de Vida Cristiana, una organización católica disuelta en 2025 por el Papa Francisco por denuncias de presuntos abusos sexuales, psicológicos y físicos contra menores de edad.
“Presentamos una demanda de amparo porque hay un colectivo de campesinos que se autoidentifican como provenientes de pueblos indígenas. Y cuando se afectan derechos colectivos, como el derecho al territorio comunal, el amparo es el mecanismo para pedir una protección urgente”, subraya el abogado Pável Labán. Aún están a la espera de la decisión judicial.
Pueblos a la espera de reconocimiento
El Mapa de Pueblos Indígenas u Originarios reconoce diversas comunidades indígenas en la costa norte del país. Sin embargo, la mayoría aparece registrada como parte de pueblos de origen quechua. El caso de Catacaos marca una diferencia, pues se trata de las primeras comunidades identificadas oficialmente que son herederas del pueblo tallán.
“Había una resistencia estatal para el reconocimiento de identificar a una comunidad indígena, particularmente en la zona costera”, explica Pável Labán. Para el abogado, el caso de Catacaos sienta un precedente importante al reconocer que en la costa también existen pueblos indígenas con continuidad histórica y vínculos territoriales propios.
Para los dirigentes comunales, este reconocimiento también abre la puerta para que otras comunidades de la región sigan un proceso similar. Hipólito Yovera señala que existen poblaciones en provincias vecinas que también buscan visibilizar su origen indígena y defender sus territorios frente a distintos conflictos.
“Hay comunidades pequeñas en Ayabaca y Huancabamba también, que no están en la base de datos”, comenta. El dirigente menciona, por ejemplo, el conflicto en Ayabaca relacionado con el proyecto Río Blanco, donde comunidades locales cuestionan la presencia de empresas mineras. “Nosotros caminamos por distintos lugares y vemos que es una lucha grande”, subraya Yovera.
El Ministerio de Cultura confirmó que, actualmente, están analizando información recopilada en 2025 en localidades de la costa de Piura y Lambayeque. “Estos procesos se desarrollan bajo criterios de rigurosidad metodológica, evaluación técnica y validación interna, por lo que requieren plazos adecuados antes de la emisión de pronunciamientos oficiales”, precisaron.
* Este reportaje fue publicado originalmente en el portal aliado Mongabay Latam.
