Cuestionan marco legal para sumar a las Fuerzas Armadas al control perimétrico de los penales, dispuesto mediante decreto de urgencia por el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde. El expresidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Leonardo Caparrós, planteó el reparo.
Caparrós explicó que el personal del Instituto Nacional Penitenciario no porta armas dentro de los recintos, conforme a tratados internacionales que prohíben la presencia de fuerzas armadas u otras instituciones en la gestión de penales. «Me preocupa el marco legal con el que lo están haciendo», advirtió.
El ministro Belaúnde anunció además la incorporación de escáneres corporales similares a los usados en aeropuertos modernos, para reforzar el ingreso a los penales. Caparrós recordó que la última renovación de equipos, bajo la gestión de Wilfredo Pedraza, demoró meses en adecuar las puertas.
Fuerzas Armadas solo podrían apoyar labores de la policía
Los decretos de urgencia y los estados de emergencia permiten a las Fuerzas Armadas apoyar a la policía, sin ejercer funciones propias de esta institución, según indicó Caparrós. Consideró que encargarles una función distinta resultaría un mecanismo extraño dentro del marco legal existente.
La seguridad perimetral externa de los penales ha estado antes a cargo de la policía, de las Fuerzas Armadas o de empresas privadas, sin representar un problema desde la perspectiva militar, recordó Caparrós. El Congreso de la República mantiene la facultad de revisar el decreto emitido.
Caparrós propuso tercerizar la administración de las puertas de ingreso a través de otra institución, ajena al personal del INPE. Planteó mantener un doble control con administraciones separadas, como mecanismo para reforzar la seguridad sin comprometer la gestión interna de los penales.
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