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Fiscalía Presenta Denuncia Constitucional Contra Dina Boluarte y Otros por Graves Violaciones a los Derechos Humanos

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La Fiscalía de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, ha presentado una denuncia constitucional ante el Congreso de la República contra la presidenta Dina Ercilia Boluarte Zegarra, junto a otros altos funcionarios, por presuntos delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, en el contexto de violaciones a los derechos humanos.

La denuncia incluye a Pedro Miguel Angulo Aranda y Luis Alberto Otárola Peñaranda, en su calidad de presidentes del Consejo de Ministros; Luis Alberto Otárola Peñaranda y Jorge Luis Chávez Cresta, como ministros de Defensa; y César Augusto Cervantes Cárdenas, Víctor Eduardo Rojas Herrera y Vicente Romero Fernández, como ministros del Interior. Los cargos se presentan bajo la modalidad de homicidio calificado, lesiones graves y lesiones leves, todos considerados como comisión por omisión con dolo eventual, en el contexto de graves violaciones de los derechos humanos.

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Contexto y Detalles de la Denuncia

Los hechos denunciados están relacionados con las protestas sociales ocurridas entre el 7 de diciembre de 2022 y el 9 de febrero de 2023, en las regiones de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Junín, Ucayali, Puno, Lima y La Libertad. Durante este período, se registraron 44 fallecidos (41 por impacto de proyectil de arma de fuego y 3 por golpes con objetos contundentes) y 116 personas heridas (78 por proyectiles de arma de fuego, 27 por golpes, 6 por bombas lacrimógenas y 5 por otros objetos).

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Además, la Fiscalía ha archivado las acusaciones por genocidio contra los investigados.

Investigaciones Adicionales

Es relevante destacar que existen 303 carpetas fiscales en las regiones mencionadas, donde se investiga a 824 personas por presuntos delitos relacionados con entorpecimiento de servicios públicos, atentados contra medios de transporte, violencia contra la autoridad, disturbios, daños a la propiedad pública y privada, homicidios y lesiones. Estas investigaciones afectan tanto al Estado como a miembros de las fuerzas del orden y otros ciudadanos.

Conclusión

La presentación de esta denuncia constitucional subraya la gravedad de las acusaciones contra altos funcionarios del gobierno, en un contexto de profundas tensiones y conflictos sociales en el país. La atención ahora se centra en el Congreso de la República y el desarrollo de estas investigaciones, que tienen implicaciones significativas para la justicia y los derechos humanos en el Perú.

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