La Fiscalía de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, ha presentado una denuncia constitucional ante el Congreso de la República contra la presidenta Dina Ercilia Boluarte Zegarra, junto a otros altos funcionarios, por presuntos delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, en el contexto de violaciones a los derechos humanos.
La denuncia incluye a Pedro Miguel Angulo Aranda y Luis Alberto Otárola Peñaranda, en su calidad de presidentes del Consejo de Ministros; Luis Alberto Otárola Peñaranda y Jorge Luis Chávez Cresta, como ministros de Defensa; y César Augusto Cervantes Cárdenas, Víctor Eduardo Rojas Herrera y Vicente Romero Fernández, como ministros del Interior. Los cargos se presentan bajo la modalidad de homicidio calificado, lesiones graves y lesiones leves, todos considerados como comisión por omisión con dolo eventual, en el contexto de graves violaciones de los derechos humanos.
Contexto y Detalles de la Denuncia
Los hechos denunciados están relacionados con las protestas sociales ocurridas entre el 7 de diciembre de 2022 y el 9 de febrero de 2023, en las regiones de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Junín, Ucayali, Puno, Lima y La Libertad. Durante este período, se registraron 44 fallecidos (41 por impacto de proyectil de arma de fuego y 3 por golpes con objetos contundentes) y 116 personas heridas (78 por proyectiles de arma de fuego, 27 por golpes, 6 por bombas lacrimógenas y 5 por otros objetos).
Además, la Fiscalía ha archivado las acusaciones por genocidio contra los investigados.
Investigaciones Adicionales
Es relevante destacar que existen 303 carpetas fiscales en las regiones mencionadas, donde se investiga a 824 personas por presuntos delitos relacionados con entorpecimiento de servicios públicos, atentados contra medios de transporte, violencia contra la autoridad, disturbios, daños a la propiedad pública y privada, homicidios y lesiones. Estas investigaciones afectan tanto al Estado como a miembros de las fuerzas del orden y otros ciudadanos.
Conclusión
La presentación de esta denuncia constitucional subraya la gravedad de las acusaciones contra altos funcionarios del gobierno, en un contexto de profundas tensiones y conflictos sociales en el país. La atención ahora se centra en el Congreso de la República y el desarrollo de estas investigaciones, que tienen implicaciones significativas para la justicia y los derechos humanos en el Perú.