El fiscal provincial especializado en materia ambiental de Puno, Óscar Aníbal Jiménez Chura, admitió que, desde el inicio de la pandemia de la COVID-19, no se han retomado las acciones coordinadas contra la minería ilegal en la región. La ausencia de operativos conjuntos entre el Ministerio Público, la Policía Nacional y la Dirección Ejecutiva de Medio Ambiente ha permitido que estas actividades ilícitas prosperen sin un control efectivo.
Falta de coordinación y transparencia
Según Jiménez Chura, la Fiscalía Ambiental ha requerido en varias ocasiones a la Dirección Ejecutiva del Medio Ambiente (sede Lima) la ejecución de intervenciones basadas en labores de inteligencia. Sin embargo, estas operaciones “se planifican de forma reservada y hermética”, lo que ha provocado constantes retrasos, especialmente durante la temporada de lluvias, como ocurrió este año.
“Nosotros, como Fiscalía, hemos cumplido con informar las zonas críticas donde se desarrolla la minería ilegal, pero lamentablemente no hay acciones concretas por parte de las autoridades responsables”, Óscar Jiménez Chura, fiscal ambiental de Puno.
Carencia de datos oficiales
El fiscal también señaló la ausencia de cifras reales sobre la magnitud de la minería ilegal en Puno. Aun cuando las interdicciones no están desactivadas, se desconoce el alcance de estas actividades debido a la falta de un registro actualizado y un plan de monitoreo integral.
Obstáculos en la ejecución de operativos
- Temporada de lluvias: Ha obligado a posponer varias intervenciones en zonas de difícil acceso.
- Burocracia interinstitucional: Retrasos en autorizaciones y escasa comunicación entre Lima y Puno.
- Recursos limitados: Equipo especializado y personal insuficiente para cubrir la extensión de la región.
