Para nadie es un secreto que Dina Boluarte no gobierna. Ella y su premier, el carnicero Alberto Otárola, implementan lo que le indica el fujimorismo y sus cepas (Renovación Popular y Avanza País), los tres narcopartidos u organizaciones criminales que controlan en alianza el Congreso.
Es decir, que lo que hay es un co-goberno de Dina Boluarte con el fujimorismo. De ahí que, en las redes sociales, surgió el término compuesto de FujiDina, que sintetiza ese co-goberno y quien manda en el (des)gobierno que está expresando el viejo racismo y odio a los indígenas del sur andino.
Pero, desde el 92, el fujimorismo no solo fue una dictadura que destruyó las instituciones e impuso un modelo económico con la Constitución de 1993, producto de un grosero fraude. El fujimorismo es eso y mucho más.
Tampoco fue solo una dictadura de Alberto Fujimori que, vía el Grupo Colina, asesinó a los estudiantes y un profesor de La Cantuta, que masacró en Barrios Altos y El Santa. O que esterelizó a miles de mujeres.
El fujimorismo fue dimensión que muy pocos le dan la importancia que tuvo y sigue teniendo- una narcodictadura que convirtió al Perú en un narcoestado. Un tipo sui generis de Narcoestado.
Varios datos lo confirman. El financiamiento de la campaña electoral fujimorista por el cartel de Medellín de Pablo Escobar; el cobro de cupos a los carteles de Medellín y Cali por el uso del puente aéreo Perú – Colombia; y a los capos y patrones por las pistas de aterrizaje.
Esas labores los realizó el SIN de Montesinos. «Osito», el hermano de Pablo Escobar, confirmó lo primero (1 millón de dólares para seguir sacando en avionetas) y «Vaticano» confirmó lo segundo (le cobraban 50 mil dólares mensuales, se negó a pagar el doble).
Eso es una parte. Hay otra. Altos miembros de cúpula militar, no las instituciones, facilitaron la salida de la droga. El caso emblemático fue el narcoavion presidencial con cocaína. Los narcobuques de la Marina con cocaína. Y el uso de los helicópteros del Ejército con droga.
Ahora, si bien el narcotráfico no gobernó, tuvo todas las facilidades que le otorgó la dictadura fujimontesinista. Los narcodólares que ingresó se sumó a las que se obtuvieron de la gran corrupción. El primero no ha sido mensurado, el segundo, sí. Fue, pues, una narcodictadura.
¿Perdió el fujimorismo la conexión con el narcotráfico tras su caída en noviembre del 2000? Quizá por un corto período: del 2001 al 2010. En las elecciones de 2011, el primer intento de la señora K de ganar el gobierno se recompuso sus relaciones.
Lo que cambió son los términos. Los narcos, entre 2002 al 2011, van a participar en política. En esa línea, en las elecciones generales de 2011 varios grandes narcos fueron elegidos congresistas. Y un triunfo de Fuerza 2011 hubiera significado la posibilidad que el Perú se convierta en narcoestado.
En las elecciones generales de 2016, fue el proceso electoral de mayor participación y, a la vez, financiamiento de los grandes narcos. De 45 narcocandidatos que postularon, diecisiete (17) pertenecieron a Fuerza Popular, 16 a APP y el resto a otros partidos.
Y, a la luz de los resultados de la primera vuelta, de los 21 narcocongresistas electos 14 fueron de Fuerza Popular, los demás fueron de APP y hasta la izquierda. Así, entre el 2011 y 2016, Fuerza Popular se convirtió en el principal narcopartido del Perú del siglo XXI.
El narcotráfico dejo de ser exógeno a los partidos. Estos -con pocas excepciones- se convirtieron en narcopartidos u organizaciones criminales. Dejaron de ser partidos políticos para convertirse en franquicias con dueños. Su objetivo en el Congreso fue controlar las instituciones.
En el lapso 2016-2020, en el que -por un tiempo- Fuerza Popular tuvo el control absoluto del Congreso, lograron controlar la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que nombra a los jueces y fiscales, el Tribunal Constitucional y el Ministerio Público. El Poder Judicial, en gran medida, lo controlan.
Esas instituciones las han y están utilizando en sus objetivos de vacancia de Pedro Castillo (Ministerio Público) y contrareformas constitucionales (Tribunal Constitucional) y terruqueo (Poder Judicial). Pocas veces guardan las formas. Siguen haciendo lo que hicieron en los 90, pero esta vez desde el Congreso.
De otro lado, las investigaciones de las colinas de Odebrecht, que involucró a la mayoría de expresidentes y políticos de la derecha y varios de izquierda, permitió conocer que los grandes empresarios dieron 17 millones de dólares a la candidata de Fuerza 2011 o Fuerza Popular.
Ese aporte era aparte de fondos que la Confiep reunía para financiar las campañas de varios candidatos. Ahí quedó en evidencia lo que se sabía desde los 90, los más poderosos empresarios eran naranjas. La señora K era su candidata natural. Y lo sigue siendo.
Obviamente, ningún empresario regala millones de dólares. O es la devolución de dinero obtenido de la corrupción o el narcotráfico. O es una inversión para obtener beneficios en un eventual gobierno de la señora K. Ese es el fujimorismo económico.
Recapitulando: en el sentido lato el fujimorismo no es una corriente política ni de pensamiento, sino más bien es el nombre a un conjunto de poderes fácticos y criminales que tiene el control de la mayoría de las instituciones (Congreso, TC, JNJ, MP) que apunta el «asalto» del poder total.
Esos poderes fácticos (grupos económicos, militares, medios de comunicación) están unidos por las dos matrices de la criminalidad: corrupción y narcotráfico. El narcotráfico es el más importante. A eso se llama narcopoder. Su poder es enorme en la economía y política.
Ese narcopoder es el que está detrás del gobierno de Dina Boluarte. Son ellos los que dictan una represión genocida contra la insurgencia indígena y popular que de la macroregión sur se extiende al oriente, Lima y zonas del norte del Perú. A ese narcopoder fujimorista nos estamos enfrentando.
Jaime Antezana Rivera
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