Nuevamente el gobierno de Dina Boluarte, a través de la fiscalía, intenta criminalizar las protestas sociales que se vienen realizando contra su gobierno en la región de Puno, desde el 7 de diciembre del 2023.
Con el fin de intimidarlos, la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Puno, pretende investigar por los delitos contra el patrimonio y la seguridad pública a los dirigentes de las organizaciones sociales, sindicales y gremiales que están exigiendo la renuncia de la jefa de estado a través de una huelga indefinida.
Por disposición del fiscal provincial, Juan Carlos Mendizabal Gallegos, de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Puno; el jefe de la DEPINCRI Puno, Manuel Chaca Evangelista, a través del oficio n° 018-2023 COMASGEN PNP/X RMP P/RP P/DIVINCRI-P/DEPINCRI-P/SEC, solicitó al alcalde de la provincia de Puno, Javier Ponce, información de las Asociaciones de Comerciantes que se encuentren registradas en la Municipalidad Provincial de Puno.
De acuerdo al documento que fue ingresado el día de ayer a mesa de partes de la comuna puneña, la información del número de las asociaciones de comerciantes registradas, es requerida por la citada fiscalía para aperturar investigaciones (a los socios directivos), por los delitos contra el patrimonio (en su modalidad de extorsión), contra y la seguridad pública (en la modalidad de delitos contra los medios de transportes y comunicaciones).
Respecto a este requerimiento, el alcalde de la Municipalidad Provincial de Puno, Javier Ponce Roque, señaló que no se atenderá dicha solicitud, por qué actualmente no cuentan con esa información.
Lamentablemente, no es la primera vez que el gobierno de Dina Boluarte, es acusado de criminalizar y terruquear las protestas sociales que se vienen realizando en su contra desde hace más de 5 meses.
