El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) evalúa la liberación de aproximadamente 5,000 internos sentenciados por omisión de asistencia familiar, como parte de una estrategia para enfrentar el grave problema del hacinamiento en las cárceles del país. Esta medida, que será implementada en coordinación con la Defensa Pública, busca aplicar mecanismos legales alternativos que permitan a los condenados cumplir con sus obligaciones económicas sin estar privados de su libertad.
El titular del sector, Enrique Alcántara, destacó durante una actividad oficial en Arequipa que estas personas se encuentran en una situación contradictoria.
“Una persona que entra a prisión por no pagar la pensión alimentaria no tiene posibilidad de generar ingresos desde la cárcel, lo que impide el cumplimiento de esa obligación. Es un círculo vicioso que debemos romper”, sostuvo.
Como parte de la estrategia, el Minjusdh lanzará una campaña nacional de asesoría legal gratuita, orientada a analizar cada caso y promover el acceso a beneficios penitenciarios o medidas sustitutivas a la pena privativa de libertad. El ministro enfatizó que muchas de estas condenas no ameritan reclusión y que se debe priorizar el principio del interés superior del niño, garantizando el bienestar de los menores involucrados.
Actualmente, el artículo 149 del Código Penal sanciona con hasta tres años de prisión el incumplimiento de la pensión alimentaria. No obstante, desde el Ejecutivo se plantea la necesidad de revisar este enfoque, ya que la pena, en muchos casos, resulta ineficaz para lograr el objetivo central: que los hijos reciban la manutención correspondiente.
Además de la asistencia en procesos de excarcelación, el programa incluirá orientación sobre la formalización de acuerdos alimentarios mediante conciliación extrajudicial, procesos judiciales y el reconocimiento del derecho de los hijos mayores de 18 años a recibir pensión en casos de discapacidad o estudios universitarios.
Esta iniciativa no solo busca descongestionar el sistema penitenciario peruano, que actualmente opera por encima de su capacidad, sino también asegurar que las responsabilidades familiares no queden suspendidas por una condena penal.
En otro momento, el ministro Alcántara se pronunció sobre las denuncias constitucionales presentadas contra la presidenta Dina Boluarte. Afirmó que, a su juicio, carecen de sustento legal y que es probable que “terminen siendo archivadas”.
