Puno le dice «No» al Defensor cómplice
Las autoridades originarias de las 13 provincias de Puno no necesitan discursos diplomáticos para reconocer a un traidor. Lo hicieron claro cuando Josué Gutiérrez Cóndor, el Defensor del Pueblo convertido en escribano del régimen, intentó colarse en el Encuentro Regional de Comunidades Campesinas.
Lo convocaron con engaños, dicen. Les hablaron de «capacitación normativa», pero omitieron el detalle de que el Defensor —que ha guardado un silencio cómplice ante la masacre del 9 de enero de 2023— sería el protagonista.
«¿Qué ha hecho por las víctimas?», gritó sin miedo una autoridad originaria. «Han archivado en el Congreso los casos contra Dina Boluarte. Este Defensor no ha dicho nada. ¿Dónde estaba cuando mataron a nuestra gente en Juliaca, Ilave, Ayacucho?»
La respuesta, claro está, es simple: Josué Gutiérrez estaba donde lo ponía el Fujimorismo: en su escritorio, validando la represión.
El escenario fue una metáfora perfecta de su gestión. Mientras Gutiérrez intentaba hablar, los comuneros entonaban el himno nacional y el himno a Puno para ahogar sus palabras. «¡Que se retire! ¡Asesino!», coreaban.
Es que en este país, mientras los muertos siguen sin justicia, los cómplices siguen dando discursos.
«Defensor de criminales»: El testimonio que hiela la sangre
Raúl Samillán Sanga, presidente de la asociación de Mártires y Víctimas del 9 de enero, no tiene pelos en la lengua: «Josué Gutiérrez es defensor de un grupo de criminales».
Va más allá: «Ha mentido descaradamente. Dice que se reunió con las víctimas, que intercedió para recuperar las carpetas fiscales de Juliaca, pero nunca se puso de nuestro lado».
Samillán revela el modus operandi del funcionario: «Apenas asumió el cargo, vino a Juliaca, se reunió con un puñado de familiares, les prometió el cielo… y luego se vendió. Después de reunirse en Palacio de Gobierno y el Congreso, se olvidó de nosotros».
El mensaje de Samillán es claro: «Que nadie se deje sorprender por Josué Gutiérrez. No tiene sangre en la cara«.
El comunicado que nadie recordará
El 9 de enero de 2023, la Defensoría del Pueblo emitió un comunicado tibio, equidistante, cobarde. «Lamentamos las afectaciones al derecho a la vida», decía, como si los muertos de Juliaca hubieran caído por un desliz y no por balas policiales.
Pero lo más revelador fue su llamado a «no realizar hechos de violencia», como si la toma del aeropuerto justificara los disparos a quemarropa. «Recordamos a las FF. AA. y la PNP que deben cumplir con los estándares internacionales», añadieron, en un guiño burocrático que no salvó ni una sola vida.
¿Qué hizo Gutiérrez después? Nada. Ni una visita a las familias, ni un informe contundente, ni una denuncia ante la Fiscalía. Solo el silencio cómplice de quien debe su cargo al Congreso que protege a Dina Boluarte.
El defensor que removieron antes de la masacre
Aquí hay un dato clave: Jacinto Ticona, el anterior jefe de la Defensoría en Puno, era un mediador respetado. Dialogaba con las comunidades, frenaba excesos policiales. Pero el gobierno de Boluarte lo sacó.
Entonces vino la masacre.
¿Coincidencia? En este régimen, nada es casualidad. Ticona era un obstáculo para la represión. Gutiérrez, en cambio, es el hombre que el Fujimorismo necesitaba: uno que mira para otro lado.
Un Defensor elegido por los mismos que protegen a Dina
Gutiérrez llegó al cargo gracias a un Congreso dominado por Fuerza Popular. El mismo que blindó a Boluarte, el mismo que archivó las denuncias en su contra.
«Le pido al país el beneficio de la duda», dijo al asumir. Pero la duda se acabó cuando omitió denunciar la mentira de las «balas Dun Dun» —esa farsa inventada para criminalizar a los manifestantes— y cuando no levantó la voz ante la violenta intervención en la Universidad San Marcos, donde policías humillaron a detenidos indígenas con insultos racistas y torturas.
Un informe interno de la Defensoría reconoció los abusos, pero Gutiérrez no fue a la cárcel a ver a los detenidos. No los defendió. No hizo lo que Beatriz Merino —su antecesora— habría hecho.
El manual del Defensor servil
Beatriz Merino, la última Defensora con dignidad, dijo alguna vez: «El defensor no le debe su elección a nadie».
Gutiérrez, en cambio, debe todo al Fujimorismo. Por eso no cuestiona a Boluarte. Por eso no exige justicia para los muertos. Por eso actúa como los defensores del pueblo en Venezuela: como un títere del poder.
Renuncia, Josué
Las comunidades de Puno ya lo dijeron: «No es bienvenido». Raúl Samillán y las víctimas del 9 de enero lo acusan de mentiroso y cómplice. Este país no necesita un Defensor que legitima represores.
Debería renunciar. Pero no lo hará. Porque en este gobierno, los cómplices tienen premio.
Mientras tanto, los muertos siguen esperando justicia.
