El fujimorismo es la máxima expresión de la narco-mafia política del país. Y como tal, cuando no tiene la mayoría en un poder del Estado, lo compra con dinero del narcotrafico, la corrupción o -en tiempos de auge de la minería aurífera ilegal- del oro. O el ofrecimiento de diversas prebendas, obras o cargos en los ministerios.
Eso es lo que hizo, obviamente con antelación, para la elección de la Mesa Directiva del Senado. De ahí la tranquilidad que hacían gala cuando se presentó la lista del bloque Consenso por la Democracia, formada por Juntos por el Perú, Ahora Nación Obras y el Buen Gobierno. Ni se inmutaron.
Así fue. El traidor o traidora no mostró su voto en la segunda votación, a contrapelo del acuerdo del bloque democrático que une a las izquierdas y centros: mostrar abiertamente el voto antes de depositarlo en la urna. Un senador y una senadora son sindicados como tales: Serafín Luján y Silvana Robles.
Cuando se llegue a confirmar la identidad del traidor o traidora, no solo debe quedar como un paria en la cámara alta, sino que debe ser obligado/a a confesar por cuánto dinero, prebendas, obras o cargos (obviamente para su entorno) en los ministerios recibió. Así, la Mesa Directiva del Senado perderá legitimidad.
No sólo eso. El traidor o traidora debe, como propone Sinesio López, devolver el dinero y rechazar los ofrecimientos. Y, de esa manera, desenmascarar lo que es Fuerza Popular: la mayor representación del crimen organizado de la narco-burguesía y los grupos económicos.
Jaime Antezana Rivera
