El congresista Juan Burgos, presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, ha realizado una grave denuncia que involucra a una presunta red de prostitución operando dentro de la sede parlamentaria. Según el legislador, esta organización habría intercambiado favores sexuales para influir en votaciones de los congresistas sobre diversos temas.
En una entrevista televisiva, al ser consultado sobre la posible relación de estos servicios con los parlamentarios, Burgos declaró:
«Entendería que se trataría de involucrar estos favores sexuales para doblar los votos en el Congreso. No creo que haya habido un intercambio de dinero, sino que se buscaba cambiar decisiones de votación. Ese comportamiento lumpenesco no se debe permitir».
El parlamentario subrayó la necesidad de «limpiar la casa desde dentro», asegurando que no se puede continuar investigando otros casos si no se erradican las malas prácticas en el Congreso. Además, adelantó que solicitará que su comisión cuente con facultades de investigación para determinar si la muerte de Andrea Vidal, una extrabajadora del Congreso, tiene alguna conexión con Jorge Luis Torres Saravia, el principal implicado en este caso.
Investigaciones en marcha
La Comisión de Fiscalización, liderada por Burgos, iniciará una investigación exhaustiva sobre la supuesta red de prostitución. Para ello, se ha convocado a una sesión extraordinaria el próximo viernes 20 de diciembre. Asimismo, se planea citar a Jorge Luis Torres Saravia, señalado como el presunto cabecilla de esta red, en la dirección registrada en el Reniec.
Además, se recogerán testimonios relevantes, incluyendo el del secretario general de Alianza para el Progreso (APP), Luis Valdez Farías, quien, según Burgos, contrató a Torres Saravia pese a que este tenía antecedentes por una denuncia de violación en Pacasmayo, en 2020.
Antecedentes de Jorge Luis Torres Saravia
El perfil de Torres Saravia muestra una trayectoria vinculada estrechamente con APP y sus principales líderes. Desde 2013, trabajó en el Gobierno Regional de La Libertad, manteniéndose en puestos clave durante las gestiones de César Acuña y Luis Valdez. En 2020, fue acusado de haber drogado y violado a una mujer en un hotel de Pacasmayo, según un parte policial.
En los últimos años, Torres Saravia ocupó cargos relevantes en el Congreso, incluido el puesto de asesor principal y jefe de la Oficina Legal y Constitucional. En septiembre de 2023, regresó al Congreso bajo la presidencia de Alejandro Soto (APP), quien lo designó en un cargo con un sueldo de 19,000 soles. Sin embargo, recientemente fue apartado del puesto tras las denuncias en su contra.
Investigación de la Fiscalía
El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas de Lima Centro, ha abierto una investigación preliminar contra Torres Saravia por el presunto delito de explotación sexual. Este proceso se inició luego de diligencias realizadas por la Primera Fiscalía Penal de San Luis–La Victoria. Hasta el momento, Torres Saravia permanece inubicable, y se especula que podría haber salido del país.
Implicancias políticas y sociales
La denuncia de Burgos pone en evidencia la gravedad de las presuntas irregularidades dentro del Congreso, un espacio que debería ser un ejemplo de ética y transparencia. Este escándalo no solo salpica a Alianza para el Progreso, sino que también plantea cuestionamientos sobre la idoneidad en la contratación de personal en las instituciones del Estado.
La ciudadanía estará atenta al desarrollo de estas investigaciones, mientras se exige una respuesta contundente para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables de lo que, de confirmarse, sería uno de los mayores escándalos de corrupción y explotación sexual en el país.
