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Juárez Atoche no logró sustentar peligro procesal en las investigaciones de parte de Vizcarra.

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Tras dos días de audiencia, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente declaró infundado el pedido de 18 meses de prisión preventiva para el expresidente Martín Vizcarra Cornejo.

Martin Vizcarra. Foto: Gestión

La jueza María de los Ángeles Álvarez Camacho, de Investigación Preparatoria Nacional, descartó el requerimiento del fiscal Germán Juárez Atoche; quien investiga al exmandatario por presunta recepción de sobornos cuando era gobernador regional de Moquegua.

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A su criterio, Martín Vizcarra acreditó arraigos domiciliario, familiar y laboral. Además de presentar propiedades y tener una actividad migratoria regular. Por tanto, consideró que no existe peligro de fuga de parte suya.

Sobre el peligro de obstaculización a la investigación, la magistrada consideró que no existen hechos debidamente acreditados para afirmar ello. Incluso las declaraciones de la exsecretaria de Vizcarra, Karem Roca, no fueron tomadas como un dato fáctico. En especial por su carácter de procesada en otra investigación. «El peligro debe evidenciarse en el caso en concreto», manifestó Álvarez Camacho.

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Martin Vizcarra. Foto Otra Mirada

Asimismo, la magistrada consideró más viable dictar una comparecencia con restricciones. Se agregó que el investigado se pronuncie de forma pública sobre los alcances de las investigaciones. Además, fijó una caución de cien mil nuevos soles.

Sobre el expresidente ya pesa un impedimento de salida del país. En ese sentido, Juárez Atoche no logró sustentar peligro procesal ni un eventual entorpecimiento de las investigaciones de parte de Vizcarra.

Por eso motivo, María de los Ángeles Álvarez rechazó hoy el pedido de prisión preventiva en contra del expresidente Martín Vizcarra y se le dictó la medida de comparecencia con restricciones.

De esta manera, desestimó la solicitud planteada por el Ministerio Público de 18 meses de prisión preventiva en su contra, por la investigación de la presunta recepción de sobornos de las empresas Obrainsa e ICCGSA en el caso vinculado al Club de la Construcción.

Fuente: Recopilación de datos. 

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Además, el congresista Balcázar será investigado por apropiación ilícita. El todavía alcalde de Trujillo, Arturo Fernández, rechaza presupuesto del Gobierno Regional. Y en Junín, no hay avances en la búsqueda del enfermero secuestrado.

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