El caso de los tres menores de edad que quedaron en la orfandad tras la muerte de su madre, Sabina, continúa generando tensión en la ciudad de Juliaca, al evidenciar un choque entre la acción solidaria ciudadana y la interpretación estricta del marco legal por parte de las autoridades.
El influencer y activista social César Yanarico, quien lideró una campaña solidaria a través de plataformas digitales, anunció que iniciará en los próximos días la construcción de una vivienda destinada a los menores, pese a las exhortaciones realizadas por la Fiscalía de Familia de la provincia de San Román, que solicitó el depósito del dinero recaudado en cuentas oficiales del Banco de la Nación.
Exhortaciones fiscales y cuestionamientos legales
Yanarico denunció públicamente que el fiscal de familia Richard Luque le habría advertido que debía “actuar conforme a ley”, exhortándolo a transferir los 54 mil 314 soles recaudados a las cuentas aperturadas a nombre de los menores. El creador de contenido interpretó estas comunicaciones como una amenaza implícita de acciones legales.
“El dinero fue recaudado con un objetivo claro: la construcción de una vivienda. Cada aporte está registrado y mi comunidad conoce la forma transparente en la que trabajo”, sostuvo Yanarico, quien rechazó ser etiquetado únicamente como “tiktoker” y reivindicó su rol como gestor de ayuda social comunitaria.
Transparencia y defensa de la iniciativa solidaria
El influencer aseguró que no existe temor frente a las advertencias legales y que continuará con el proyecto original, señalando que la población aportó con la confianza de que los fondos serían destinados directamente a mejorar las condiciones de vida de los menores.
“Yo no tengo miedo porque sé lo que hago y la gente sabe cómo trabajo”, afirmó, precisando que si bien existía un proyecto de mayor envergadura, este se ejecutará únicamente con los recursos disponibles hasta el momento.
Análisis legal: el interés superior del niño
Desde una perspectiva jurídica, el abogado César Quispe cuestionó la rigidez con la que se estaría aplicando la normativa, exhortando a las autoridades a actuar con criterio y enfoque social.
Quispe recordó que el Artículo 1 de la Constitución Política del Perú y el Convenio 169 de la OIT reconocen y protegen las instituciones sociales y formas de organización solidaria de los pueblos, principio que —en regiones como Puno— tiene un profundo arraigo cultural y valor constitucional.
“El interés superior del niño debe prevalecer sobre los trámites administrativos. No podemos ignorar que existen más de 145 mil soles inmovilizados en cuentas del Banco de la Nación, cuyo uso demandará un largo proceso judicial, mientras que la construcción de una vivienda representa una solución inmediata frente a la vulnerabilidad de los menores”, señaló el letrado.
Solidaridad versus burocracia
El caso ha reabierto el debate sobre los límites de la intervención estatal en iniciativas solidarias ciudadanas, especialmente cuando estas buscan responder de manera rápida a situaciones de emergencia social.
Pese a las controversias, César Yanarico reafirmó su compromiso de iniciar la obra en los próximos días y anunció que sus futuras actividades solidarias estarán orientadas a apoyar a más familias en situación de extrema necesidad, insistiendo en que la ayuda social no debe verse criminalizada cuando su finalidad es humanitaria.
