Juliaca: Expolicía es condenado a 35 años de prisión por muerte de suboficial PNP y quema de patrullero durante protestas del 9 de enero

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A través de la Resolución N.º 37-2025, los magistrados Víctor Paredes Mestas (director de debate), Richard Condori Chambi y Yessica Condori Chata dictaron la sentencia contra Apaza Uturunco, hallado culpable de los delitos de disturbios agravados y sustracción de armas de fuego durante las protestas del 9 de enero de 2023, en la ciudad de Juliaca.

Aquella jornada fue marcada por una violenta represión y enfrentamientos que dejaron un saldo trágico: 17 civiles fallecidos por proyectiles de arma de fuego, decenas de heridos y el asesinato del suboficial de tercera José Luis Soncco Quispe, cuyo cuerpo fue hallado calcinado junto con un patrullero en la urbanización Tambopata. Su compañero, el suboficial Ronald Villasante Toque, sobrevivió con lesiones graves tras ser atacado por una turba.

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La investigación fiscal determinó que Apaza Uturunco habría tenido participación directa en los hechos. El 23 de marzo de 2023 se ejecutó un operativo de allanamiento en su vivienda, ubicada en el jirón María Elena de Juliaca. Durante la intervención, se incautaron partes de una pistola Pietro Beretta, armamento asignado a los agentes atacados, además de una cacerina para fusil AKM y la suma de 23,800 dólares en efectivo.

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Asimismo, se encontró a una mujer identificada como Yesenia Marilú M. V., quien también habría estado involucrada en el caso. Las evidencias halladas fortalecieron la hipótesis del Ministerio Público sobre la participación de Apaza Uturunco en el violento ataque y el robo del armamento oficial.

Pese a que su defensa solicitó la absolución alegando falta de pruebas directas, el tribunal resolvió de forma unánime imponerle 35 años de prisión efectiva y el pago de una reparación civil en favor de los deudos del suboficial asesinado y del Estado peruano.

Este fallo sienta un precedente en los procesos judiciales derivados de los violentos enfrentamientos ocurridos durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte, y confirma el avance de las investigaciones por los graves crímenes registrados durante el conflicto social en el sur del país.

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