Una investigación desarrollada por la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Puno reveló la presunta existencia de una organización criminal que habría operado dentro de la Gerencia de Transportes y Seguridad Vial de la Municipalidad Provincial de San Román, en Juliaca, obteniendo más de medio millón de soles mediante el supuesto cobro de sobornos para favorecer a conductores sancionados.
Según la tesis fiscal, la presunta red habría ejecutado mecanismos irregulares para anular papeletas de tránsito, archivar expedientes administrativos y gestionar liberaciones de vehículos a cambio de pagos ilícitos, afectando el correcto funcionamiento de los procedimientos de fiscalización vial.
Más de 190 casos bajo investigación
De acuerdo con las diligencias preliminares, el Ministerio Público ha identificado al menos 190 casos de presuntas anulaciones fraudulentas de papeletas registradas entre los años 2024 y 2025.
Las autoridades consideran que esta cifra podría incrementarse conforme avance el análisis de la documentación y equipos informáticos incautados durante los operativos realizados recientemente en la provincia de San Román.
Como parte de las investigaciones, se ejecutaron allanamientos en nueve inmuebles ubicados en Juliaca, San Miguel y Moho, además de intervenciones en tres oficinas municipales vinculadas a la Gerencia de Transportes y Seguridad Vial.
Funcionarios y particulares son investigados
La investigación comprende a funcionarios municipales, servidores públicos y particulares que presuntamente habrían participado en una estructura organizada para alterar procedimientos administrativos relacionados con infracciones de tránsito.
Entre los investigados figuran el gerente de Transportes, Hardy Quispe Lipa; el subgerente de Circulación, Edwerson Pacori Paricahua; el subgerente de Vehículos Menores, Yony Apaza Justo; y el jefe de la Oficina de Liberaciones, Alberth Aguirre Carbajal.
Asimismo, son investigados Eber Portada Mamani, Victoria Onofre Meza y Jhordan Tintaya Luchini, quienes, según la hipótesis fiscal, habrían cumplido funciones operativas dentro de la presunta organización.
Las diligencias también alcanzan a los abogados Alex Apaza Mamani y Alex Álvarez Condori, señalados preliminarmente como presuntos intermediarios en trámites irregulares relacionados con conductores sancionados.
Casos comprometerían infracciones de máxima gravedad
La Fiscalía sostiene que varios de los beneficiarios de las anulaciones registraban infracciones graves y muy graves que, conforme a la normativa vigente, podían derivar en la suspensión o cancelación definitiva de la licencia de conducir.
Entre los expedientes investigados figura el caso de un conductor intervenido por conducir en estado de ebriedad tras protagonizar un accidente de tránsito. Pese a la gravedad de la infracción, la licencia habría permanecido vigente.
Otro caso involucra a un conductor que habría ocasionado un accidente bajo los efectos del alcohol y sin contar con licencia de conducir. Según las pesquisas, la papeleta correspondiente nunca habría sido incorporada al sistema nacional de sanciones.
Las autoridades han identificado al menos 35 infracciones catalogadas como de máxima gravedad que debieron generar sanciones definitivas, además de aproximadamente 150 papeletas adicionales cuya anulación también es materia de investigación.
Audios y evidencia serán sometidos a peritaje
La investigación incluye grabaciones obtenidas mediante técnicas especiales autorizadas por ley. Según el Ministerio Público, uno de los audios registraría la presunta negociación de S/3.000 para dejar sin efecto una sanción de tránsito.
Asimismo, un agente encubierto habría documentado otra presunta entrega de dinero destinada a evitar la aplicación de una infracción administrativa.
Durante los allanamientos, la División Contra la Corrupción (DIVCOCOR) incautó computadoras, teléfonos celulares, agendas y diversa documentación que será sometida a peritajes especializados para determinar el alcance de las actividades investigadas.
Investigación continúa en etapa preliminar
Los investigados afrontan pesquisas por los presuntos delitos de organización criminal, cohecho pasivo propio, tráfico de influencias y otros ilícitos relacionados con corrupción de funcionarios.
La Fiscalía precisó que las investigaciones continúan en etapa preliminar y que las responsabilidades individuales deberán ser determinadas conforme avancen las diligencias y se evalúen los elementos probatorios recopilados.
Mientras tanto, las autoridades no descartan que el perjuicio económico generado por la presunta organización criminal sea superior al actualmente estimado, considerando que los 190 casos identificados representarían solo una parte de las operaciones bajo investigación.




