El anuncio de la presidenta Keiko Fujimori sobre la implementación de un programa multisectorial para reducir el embarazo adolescente ha generado cuestionamientos entre especialistas en salud pública, derechos humanos y desarrollo social, quienes consideran que la propuesta carece, hasta el momento, de una estrategia integral para enfrentar las causas estructurales de esta problemática.
Durante su primer Mensaje a la Nación, la mandataria expresó su compromiso de disminuir los embarazos en adolescentes. Sin embargo, no detalló las acciones específicas que impulsará para abordar fenómenos estrechamente vinculados con esta realidad, como la violencia sexual, las maternidades forzadas, la falta de educación sexual integral (ESI) y las brechas de acceso a servicios de salud.
Especialistas piden una política pública con enfoque integral
La exministra de la Mujer, Diana Miloslavich, sostuvo que el embarazo adolescente no puede abordarse únicamente desde una perspectiva preventiva, ya que en numerosos casos está relacionado con situaciones de violencia sexual y uniones tempranas.
Además, recordó que las cifras presentan marcadas diferencias entre regiones del país. Mientras en zonas urbanas de la costa la tasa alcanza el 5,1 %, en áreas rurales de la selva llega al 28,6 %, lo que, a su juicio, evidencia la necesidad de implementar políticas con enfoques territorial, intercultural y de género.
Cuestionan ausencia de la educación sexual integral
La excongresista Rocío Silva Santisteban afirmó que cualquier estrategia orientada a reducir el embarazo adolescente será insuficiente si no incorpora medidas concretas para prevenir la violencia sexual y proteger a niñas y adolescentes, especialmente en comunidades rurales e indígenas.
Asimismo, cuestionó que la educación sexual integral (ESI) continúe fuera del centro del debate, pese a que diversos organismos internacionales la consideran una herramienta clave para prevenir embarazos tempranos y fortalecer la toma de decisiones informadas entre la población adolescente.
Promsex advierte sobre acceso a salud y autonomía reproductiva
En la misma línea, Susana Chávez, directora ejecutiva de Promsex, señaló que una política pública efectiva debe garantizar la autonomía reproductiva de las adolescentes, fortalecer los servicios de salud sexual y reproductiva y asegurar el acceso oportuno a información confiable y métodos anticonceptivos.
Según indicó, excluir la educación sexual integral limita significativamente el impacto de cualquier programa destinado a reducir el embarazo adolescente.
Expertas reclaman una hoja de ruta y presupuesto
Por su parte, la antropóloga Nani Pease consideró que el anuncio presidencial prioriza el cumplimiento de una meta estadística, pero no plantea acciones concretas para fortalecer los proyectos de vida, la permanencia escolar y el desarrollo integral de niñas y adolescentes.
Si bien el plan de gobierno de Fuerza Popular contempla iniciativas relacionadas con el fortalecimiento de habilidades socioemocionales, la prevención del VIH y la atención especializada a víctimas de violencia sexual, especialistas advierten que aún no se han presentado una hoja de ruta, presupuesto ni mecanismos específicos para ejecutar dichas propuestas.
Reducir el embarazo adolescente exige enfrentar sus causas
Las especialistas coinciden en que disminuir el embarazo adolescente requiere políticas públicas sostenidas que atiendan factores estructurales como la violencia sexual, las desigualdades de género, las brechas en educación y salud, así como el fortalecimiento de los sistemas de protección para niñas y adolescentes.
Mientras el Gobierno anuncia nuevas medidas, el debate se mantiene abierto sobre el enfoque que deberá adoptar la futura estrategia nacional para enfrentar uno de los principales desafíos en materia de salud pública y derechos de la niñez y adolescencia.
