La Contraloría General de la Republica, ha detectado una transferencia de fondos excesiva destinada al pago de beneficios para los trabajadores nombrados de la Dirección Regional Agraria Puno (DRA) durante el año 2020.
Esta situación ha ocasionado un perjuicio económico de 723 mil 363 al Gobierno Regional de Puno, y se señala la presunta responsabilidad penal y/o administrativa de 17 funcionarios y servidores públicos de dicha institución pública.
En el Informe de Control Específico N°066-2023-2-5350 (Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020), se revela que la administración de la DRA aprobó y autorizó la transferencia de fondos públicos en exceso al Fondo de Asistencia y Estímulo (CAFAE) para pagar el incentivo único a los trabajadores bajo el régimen laboral 276 de dicha entidad.
La Ley de Presupuesto del año fiscal 2019 estableció un nuevo monto en la escala base del incentivo único. El Decreto Supremo N° 004-2019-EF, en virtud del cual la Dirección General de Gestión de Recursos Públicos aprobó la Resolución Directoral N° 397-2019-EF/53.01, estuvo vigente para el periodo fiscal 2020.
No obstante, los funcionarios y servidores públicos de la entidad autorizaron transferencias de recursos financieros a favor de CAFAE por montos superiores a los establecidos por el Ministerio de Economía y Finanzas.
Según la escala base del incentivo único para la unidad ejecutora, se estableció que los funcionarios debían recibir mil 200; los profesionales mil 100, y los técnicos y auxiliares 950 soles.
No obstante, se ha identificado una presunta responsabilidad en varios cargos, incluyendo directores regionales, directores de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el encargado del Área de Presupuesto, directores de las Oficinas de Administración, Área de Personal, y Área de Remuneraciones.
Durante el periodo 2020, estos funcionarios habrían solicitado, tramitado, autorizado y emitido documentación mensualmente, buscando transferir al Cafae de la Entidad sumas superiores a las permitidas legalmente por el Ministerio de Economía y Finanzas, utilizando la fuente de financiamiento de recursos ordinarios.
El informe fue comunicado al titular de la entidad para que disponga el deslinde de responsabilidades administrativas. También se recomendó a la Procuraduría Pública iniciar acciones legales penales para que se determinen las responsabilidades que correspondan.
