Las últimas semanas han sido testigos de pérdidas humanas y damnificados, por lo que se insta a las autoridades a tomar acciones inmediatas y eficaces para reducir la vulnerabilidad de la población y atender las emergencias.
El Programa Presupuestal 068 destinado a reducir la vulnerabilidad y atender emergencias por desastres ha sido ejecutado deficientemente en los últimos cinco años.
El Gobierno Nacional ha ejecutado el 74,9%, mientras que los gobiernos regionales y municipales han ejecutado el 62,3% y el 68,5%, respectivamente. En el primer trimestre de 2023, el gasto del Gobierno Nacional es del 12,8%, mientras que los gobiernos regionales y municipales han ejecutado el 11,6% y el 5,9%, respectivamente.
La inacción y falta de respuesta de los funcionarios y servidores públicos serán sancionadas, incluyendo la inhabilitación para trabajar en el Estado.
En una situación de emergencia, la falta de garantizar la prestación de algún servicio o respuesta oportuna, la falta de diligencia al no ejecutar el gasto y la paralización o suspensión de los servicios públicos, obras u operaciones, son conductas que serán sancionadas ejemplarmente.
Es obligación inexcusable de los administradores de los bienes públicos actuar de manera transparente y célere en una emergencia para atender las necesidades de la población, prevenir mayores efectos negativos de los fenómenos naturales, reducir la vulnerabilidad de las personas y salvar sus vidas y pertenencias.
Se anuncia además que se remitirán dos iniciativas legislativas al Congreso de la República para garantizar la gestión pública durante el estado de emergencia.
La primera iniciativa se relacionará con la inaplicación de normativas infralegales de los sistemas administrativos y funcionales.
La segunda iniciativa establecerá que todas las entidades públicas destinarán como mínimo el 1% de su presupuesto para el financiamiento en la prevención de desastres naturales.
