La presidenta de Perú, Dina Boluarte, enfrenta una denuncia constitucional por soborno presentada por el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena. La acusación, conocida como ‘Rolexgate’, se basa en la presunta aceptación de artículos de lujo, incluyendo relojes Rolex y una pulsera con brillantes, de parte del gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima. Estos obsequios, valorados en aproximadamente 32 mil dólares, habrían sido a cambio de decretos que beneficiaban financieramente a esa región.
El Congreso evaluará la denuncia, y si se acepta, una Subcomisión de Acusaciones Constitucionales investigará el caso. De encontrarse fundamentos, el pleno del Congreso podría llevar a la suspensión y juicio político de Boluarte.
El escándalo ha llevado a la presidenta a devolver las joyas y mantener un perfil bajo en los medios. Hasta ahora, el Congreso ha rechazado siete mociones de vacancia presidencial relacionadas con esta y otras investigaciones.
En respuesta, el Ejecutivo ha presentado una demanda competencial contra el Poder Judicial y el Ministerio Público, alegando interferencia en las funciones de la presidenta. Además, la congresista Ruth Luque ha anunciado una denuncia constitucional por la ausencia de Boluarte durante 12 días para someterse a intervenciones estéticas, cuestionando su presencia en actividades oficiales durante ese periodo.
