La custodia de una unidad policial -como ocurrió con las motos de los sicarios que dispararon más de 60 balazos contra el taxi en el que iba Andrea Vidal- a la camioneta que trasladaba a los asesinos y secuestradores antes de los sangrientos hechos. Ese dato es irrebatible por la PNP. Las imágenes de las cámaras privadas, mostradas por diversos programas de TV y podcast digitales, son potentes.
El porte (talla), complexión corporal (contextura) de los atacantes con uniformes de Grecco (Grupo Especial contra el Crimen Organizado) que ejecutaron la masacre y secuestro del empresario minero ilegal, que contrasta con los detenidos presentados: la mayoría de talla baja y complexión (contextura delgada y esmirriada). Definitivamente, así hayan firmado su culpabilidad (Keiko Fujimori) no son los autores del doble crimen.
El modus operandi policíal/criminal, es decir, el desplazamiento táctico alrededor de la camioneta de las víctimas, la simulación de pedir documentos, el asesinato rápido, innecesario y frío con un fusil con silenciador a cuatro personas (dos mujeres y dos hombres que daban seguridad) que iban con el empresario minero, pese a que -como se pudo escuchar en uno de los vídeos difundidos- las mujeres gritaban «no nos mates».
Dos cosas al respecto. Uno, cuando una banda criminal secuestra no tiene como objetivo el asesinato, menos un cuádruple asesinato. Su objetivo son los dividendos (dinero) por la libertad del raptado o cautivo. Solo recurre al asesinato cuando hay resistencia armada. Es el daño colateral. Eso no hubo los dos hombres de seguridad del minero ilegal. Y, dos, los sicarios de las bandas criminales Los Pulpos y La Jauría no actúan con la frialdad y puntería de los presuntos policías autores la masacre/secuestro.
La camioneta utilizada por el presunto grupo policial autor de ambos delitos tenía una placa que indicaba que pertenecía al Ministerio del Interior. El comunicado del Ministerio del Interior indicó que esa placa pertenece a una unidad policial de baja en San Gaban (Puno). Entonces, cabe una pregunta: ¿cómo -según el relato policial- las bandas Los Pulpos o La Jauría podrían acceder a esa información al que solo pueden acceder jefes policiales?.
Ahí no acaba todo. La placa real de la camioneta utilizada por los masacradores y secuestradores -para colmo- pertenece a un policía sub-oficial de Cajamarca, quién afirma haberlo comprado para su hermano. Según una entrevista, compró esa camioneta el 26 de agosto, cuatro días antes de la masacre/secuestro. Más aún, el mencionado policía de bajo rango, en los últimos años, ha comprado varias camionetas. Ahí hay mucho por investigar.
Otro dato concreto: el papá del empresario minero liberado, no rescatado por la policía, en ninguna entrevista ha afirmado explícitamente que haya pagado por la libertad de su hijo. Ha dicho que él solo ha «gestionado» a través de amigos. Eso sí, al parecer bajo presión, mencionó a Los Pulpos, pero sin afirmar que negoció con ellos la libertad de su vástago. Es la PNP y sus jefes (Arriola y Revoredo) los que no dejan de repetir que los autores fueron Los Pulpos o, en el caso del cuádruple asesinato, fue porque esta familia había dejado de pagar los cupos a una de estas bandas. O que Los Pulpos se equivocaron de objetivo.
Por último, el sábado 5 de agosto, a casi una semana de lo ocurrido en Trujillo, la PNP mostró los uniformes utilizados por los autores materiales de los hechos analizados. ¿Qué policía es está que necesitó seis días para encontrar los uniformes más no los fusiles militares que utilizaron los ejecutores la masacre/secuestro? ¿Qué PNP tenemos que habiendo pasado no ha logrado la captura de los autores reales del doble crimen? Obviamente estás preguntas no tendrán respuesta efectivo-real. Lo demás son especulaciones.
En conclusión, los autores de la masacre/secuestro habrían sido un grupo policial sicarial que obedecería a una decisión del más alto nivel del poder político fujimorista. En esa línea, los hechos de sangre y el secuestro ocurridos el domingo 30 serían un psicosocial con objetivos políticos desde el centro del poder político: la aprobación ipso facto o express del proyecto de ley de facultades legislativas por la cámara de diputados para gobernar a punta de Decretos Supremos y distraer y eclipsar los escándalos (Keiko Fujimori/Damián Valenzuela, la contratación de la esposa de Galarreta en el Congreso, el financiamiento de la campaña de Rafael Belaúnde por la minera Poderosa y los militares en las instalaciones de esta empresa en Pataz y Fernando Cerimedo y la campaña electoral de Keiko Fujimori con sus granjas de bots) revelados por investigaciones periodísticas digitales y TV.
La ejecución de las cuatro personas en Trujillo nos recuerda a los cinco jóvenes asesinados por 8 militares en Colcabamba, en abril pasado. El fujimorismo va a vivir (utilizar) del «terrorismo» y la violencia sicarial (hasta que puedan llamarlos terroristas con las facultades legislativas) para reconfigurar la escena política.
Jaime Antezana Rivera
