Óscar Jiménez Chura, representante de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Puno, manifestó que la minería ilegal de la región ya no se considera un crimen común sino uno organizado, porque el accionar de quienes se dedican a esto es similar al de las mafias de: Madre de Dios, Cusco y Apurímac.
“Están comprometidas muchas autoridades”, mencionó y añadió que esto es posible debido a la gran cantidad de dinero que mueve la minería ilegal, con lo cual se le hace sencillo corromper a quienes están en el poder.
También estimó que unos mil mineros ilegales se encuentran en la selva del departamento, muchos de los cuales provienen de las regiones citadas. Seguidamente, precisó que este flagelo genera delitos conexos como: contaminación ambiental, tala ilegal, trata de personas, lavado de activos y perdida de extinción de dominio. Por eso, opinó que no puede mantenerse el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).
En lo que respecta al ámbito puneño, detalló que la minería ilegal se concentra básicamente en las provincias de: Sandia, Carabaya y San Antonio de Putina. De paso, lamentó que esta actividad ilícita se esté realizando cerca del Parque Nacional Bahuaja Sonene. “Esto lo hacen ciudadanos inescrupulosos (…) quienes dañan el medioambiente”, criticó.
Finalmente, refirió que existe una carencia de recursos humanos que evita que se enfrente efectivamente a la minería ilegal en Puno. “Solo contamos con ocho efectivos oficiales, lo cual no es suficiente”, cuestionó y acotó que la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Puno depende de la Dirección Ejecutiva del Medioambiente que se encuentra en Lima.
