Un nuevo cuestionamiento surge en torno a la investigación por tráfico ilícito de drogas realizada el pasado 31 de mayo en la región Moquegua. El abogado y ex prefecto regional Pedro Guillermo Núñez Ventura presentó una denuncia contra un fiscal, efectivos de la Policía Nacional y personal de Aduanas, a quienes acusa de presuntas irregularidades durante la intervención a un bus interprovincial de la empresa San Martín, en cuyo interior se hallaron dos sacos con marihuana.
El caso se remonta a una operación realizada en el peaje de Cuéllar, donde las autoridades intervinieron el vehículo de placa V2P-725 que cubría la ruta Moquegua–Desaguadero. Durante la inspección se encontró la droga en una de las bodegas de equipaje, lo que derivó en la detención de los dos conductores de la unidad por presunta vinculación con el delito de tráfico ilícito de drogas.
Cuestionan procedimiento policial y fiscal
Según la denuncia presentada por Núñez Ventura, durante la intervención los pasajeros fueron autorizados a retirarse del lugar, incluido quien sería el presunto propietario de la carga ilícita. El denunciante sostiene que esta situación habría afectado el desarrollo de las investigaciones y la identificación de los verdaderos responsables.
Asimismo, indicó que durante una audiencia de hábeas corpus representantes policiales habrían reconocido que la droga no fue encontrada en la cabina de conducción ni en compartimientos acondicionados especialmente para ocultarla, sino en la bodega destinada al equipaje de los pasajeros.
Otro de los cuestionamientos está relacionado con la presunta negativa de algunos agentes para proporcionar la relación completa de pasajeros que viajaban en la unidad al momento de la intervención.
Fotografías serían pieza clave en la denuncia
El ex prefecto aseguró contar con imágenes que mostrarían a un ciudadano extranjero trasladando los sacos que posteriormente fueron incautados por las autoridades hacia la bodega del bus en el Terminal Terrestre de Moquegua.
A partir de estas evidencias, sostiene que la investigación habría sido orientada de manera incorrecta, concentrando la responsabilidad en los conductores sin que se hayan agotado todas las diligencias para identificar al presunto propietario de la droga.
La denuncia alcanza al fiscal provincial penal Nelson Linares Cuéllar, personal especializado de la AREANDRO, efectivos de la Policía de Carreteras, un funcionario de Aduanas y el abogado de los choferes detenidos.
Autoridades aún no se pronuncian
Hasta el cierre de esta información, las personas e instituciones mencionadas en la denuncia no habían emitido un pronunciamiento oficial respecto a las acusaciones formuladas.
El caso deberá ser evaluado por las instancias competentes, que determinarán si existieron irregularidades durante el procedimiento de intervención e investigación, así como las eventuales responsabilidades administrativas o penales que pudieran derivarse de los hechos denunciados.
