Franklin Mestas, Gerente de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Provincial de Puno (MPP), aclaró que la intervención municipal para retirar el cerco temporal instalado por la Universidad Nacional del Altiplano (UNA) no cuestiona la propiedad del terreno, sino la falta de una licencia de construcción provisional. Sin embargo, advirtió que, si la universidad insiste en levantar el cerco sin autorización, la comuna volverá a actuar en el marco normativo.
Intervención municipal y reclamo universitario
Durante una entrevista, Mestas explicó que la MPP retiró el cerco en horas de la madrugada porque la UNA no solicitó la autorización correspondiente, pese a que las normas urbanas lo exigen. «La universidad debería seguir un procedimiento administrativo para obtener la licencia de cerco provisional. De lo contrario, la municipalidad está facultada para retirarlo», sostuvo.
Sin embargo, en respuesta, el rector, docentes y estudiantes de la UNA que retomaron el terreno y reinstalaron las estructuras removidas. Frente a esto, Mestas señaló que, de no regularizarse la situación, la MPP programará una nueva intervención para desmontar el cerco.
Autonomía universitaria vs. normativa municipal
Consultado sobre el argumento de la UNA respecto a su autonomía para construir sin permisos, el gerente fue enfático: «La autonomía opera dentro del campus, pero en materia de construcciones, toda edificación —incluso un cerco provisional— requiere autorización municipal según la Ley N° 29090 (Ley de Licencias de Edificaciones y Urbanizaciones)».
Además, recordó que el terreno en disputa está sujeto a regulaciones de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y la Marina de Guerra, debido a su ubicación en la faja marginal. «La propiedad no la discute la municipalidad, pero la universidad debe cumplir con las normas antes de construir», reiteró.
Amenazas legales y reclamos políticos
Ante el anuncio de la UNA de iniciar acciones penales contra la MPP y exigir la renuncia de Mestas y denuncia penal al alcalde Javier Ponce, el funcionario atribuyó estas acciones a «desconocimiento de las leyes». «La municipalidad actúa en base a normas claras. Si la universidad regulariza su licencia, no habrá problema», afirmó.
Pese a ello, la tensión persiste: vecinos y estudiantes han anunciado movilizaciones contra la comuna, acusándola de atentar contra los intereses de la universidad. Mestas insistió en que el diálogo y el cumplimiento de los procedimientos son la vía para que la Universidad vuelva a instalar el cerco provisional.
