Han pasado más de veinte días desde que empezó el 2026 y el Programa de Atención Domiciliaria (PADOMI) del Hospital III EsSalud Salcedo, en Puno, atraviesa una de las peores crisis de su historia. No es una exageración. Es un hecho. Hoy, más de 600 pacientes vulnerables dependen de un solo médico y de ninguna enfermera asignada de manera permanente.
Adultos mayores, personas con enfermedades crónicas, pacientes postrados, personas con discapacidad y pacientes en cuidados paliativos están, en la práctica, desprotegidos. El contrato del personal de enfermería culminó el 31 de diciembre de 2025 y, desde entonces, no se ha repuesto a nadie. Más de veinte días sin atención regular, sin seguimiento y sin cuidados básicos.
La demanda supera largamente la capacidad operativa del programa, pero la actual gestión del hospital —encabezada por el director Juan Seclén Palacín y el gerente Juan Carlos Mendoza— no ha tomado medidas efectivas para garantizar la continuidad del servicio. No hay contrataciones de emergencia. No hay refuerzos. No hay planificación visible. PADOMI, un programa esencial, funciona al borde del colapso.
La situación se agrava con una decisión administrativa difícil de justificar. La jefatura de enfermería del hospital no está programando personal para realizar procedimientos domiciliarios indispensables. No se hacen cambios de sondas vesicales, no se realizan curaciones de heridas ni de úlceras por presión, no se administran tratamientos, no se controla el manejo de catéteres ni otros cuidados básicos que, en muchos casos, definen si un paciente vive con dignidad o empeora sin retorno.
En la práctica, esto se llama abandono.
Familiares denuncian que nadie acude cuando aparecen infecciones, cuando una sonda se obstruye, cuando un paciente se descompensa o cuando surge una complicación aguda. Hay pacientes que pasan días y semanas sin atención, sin curaciones, sin medicamentos o con tratamientos suspendidos simplemente porque no hay personal.
Como si eso no bastara, PADOMI ya no cuenta con un consultorio físico exclusivo. Ese espacio, clave para coordinar visitas, entregar medicamentos, resolver incidencias y orientar a los familiares, fue eliminado. Hoy no hay un lugar al cual acudir. Nadie centraliza la información. Nadie coordina. Nadie responde.
El programa que debería ser uno de los pilares de la atención integral del adulto mayor en EsSalud ha quedado reducido a una formalidad administrativa, sin capacidad real de respuesta.
Y el golpe es aún más duro fuera de la ciudad. Si el abandono es grave en el área urbana, en las zonas rurales es simplemente cruel. Muchos pacientes viven en lugares sin señal telefónica, sin acceso a internet, sin posibilidad de comunicarse. Se confían de programaciones de visitas que nunca se cumplen. Esperan. Días. Semanas. A veces hasta el final. Porque esta gestión, según denuncian los familiares, no muestra interés alguno en llegar hasta donde no se ve.
Los reclamos existen. Los familiares han acudido a la dirección del hospital, a la asistenta social, han elevado quejas no solo por un caso, sino por cientos. Pero no hay respuesta. El silencio institucional se impone sobre la urgencia médica.
La pregunta es inevitable y sigue sin respuesta oficial:
¿cuánto más deben sufrir los pacientes más vulnerables por la indiferencia del sistema?
PADOMI no es un servicio accesorio. Es una estrategia sanitaria esencial. Su paralización no es un problema administrativo ni un desorden interno: es una vulneración directa del derecho a la salud.
La exigencia es clara y urgente: contratación inmediata de más personal médico, enfermeras exclusivas para atención domiciliaria, restitución de un consultorio propio y un pronunciamiento público de las autoridades del Hospital III EsSalud Salcedo.
Mientras la burocracia posterga decisiones, los pacientes siguen esperando. Y en PADOMI, esperar no es una opción. Es un riesgo. A veces, el último.
La atención domiciliaria es un derecho.
No un favor.
No una concesión.
No un trámite pendiente.
EsSalud Puno tiene la obligación moral, ética y legal de garantizarla. Porque cuando el sistema falla, quienes pagan las consecuencias son los que menos pueden defenderse. Y eso, en cualquier sociedad que se diga humana, no debería ser negociable.
