En 2011, las comunidades aymaras de Puno, protagonizaron una protesta que marcó un antes y un después: el Aymarazo. Con ella, realizaron una hazaña que, a la luz de los mercados de hoy, parece un acto de clarividencia profética. Rescataron del saqueo una fortuna en plata que dormía, intacta, en el corazón del proyecto Santa Ana.
Una empresa canadiense, Bear Creek, quería explotar el proyecto Santa Ana. Sus estudios hablaban de 63.2 millones de onzas troy de plata. En 2011, el precio del metal rondaba los 50 dólares por onza. Hoy, en enero de 2026, la plata cotiza entre los 79 y los 95 dólares, y los analistas especulan que pronto podría romper la barrera de los 100. Hagamos la cuenta, no para celebrar la codicia, sino para dimensionar lo que se puso en juego:
63.200.000 onzas de plata multiplicadas por 88.537 dólares por onza (un precio de referencia) dan como resultado 5.595.538.400 dólares.
Ahí está la cifra: cinco mil seiscientos millones de dólares. En soles, supera los veintiún mil trescientos millones.
Se trata de una riqueza mineral —plata, junto a cobre y oro— que, gracias a la resistencia aymara, no partió en barco rumbo a Canadá. Permanece aquí, bajo la tierra de Puno, revertida al patrimonio del Estado peruano.
Bajo la presión de esta movilización, encabezada por Walter Aduviri Calizaya, el gobierno encontró su argumento en un permiso del año 2007. Para operar en zona de frontera, el proyecto requería una autorización especial, la cual se había otorgado a nombre de una persona particular, Karina Villavicencio, quien en ese momento era la única dueña legal de los terrenos. La empresa canadiense Bear Creek no era la propietaria; solo tenía un documento llamado «Opción de Transferencia», que le daba el derecho a comprar las concesiones después, si es que obtenía el permiso. Una diferencia pequeña en los papeles, pero que resultó decisiva.
El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) señaló que ese trámite era irregular, porque el beneficio real era para la empresa. Sin embargo, la ley ya era clara desde 2005: tener una opción de compra futura no convierte a alguien en dueño. Legalmente, Bear Creek tenía parte de la razón. Pero ese detalle técnico —el nombre de una persona en vez del de la empresa en el permiso— se usó como el motivo que el Estado necesitaba para cancelar el proyecto. Ese mismo punto legal fue el que, años después, la empresa utilizó para demandar al Perú ante un tribunal internacional —amparándose al Tratado de Libre Comercio con Canadá y ganar una indemnización.
Ese fallo en contra tuvo un precio: en 2018, el Estado peruano tuvo que desembolsar una indemnización de 108 millones de soles a la compañía. Una suma ínfima, casi simbólica, si se la compara con los 21,300 millones que hoy representa la plata que se quedó. Veamos ese pago no como una derrota, sino como el precio de un rescate. Fue el «costo operativo» de salvar un patrimonio nacional.
Hoy, el proyecto Santa Ana está intacto y libre de cualquier concesión minera. Su protección la garantiza el Decreto Supremo 032-2011, una norma que nació directamente de la protesta social. El Instituto Geológico Minero Metalúrgico (Ingemmet) lo corroboró: las concesiones de Santa Ana —Karina 1, Karina 2, Karina 5 y las demás— quedaron legalmente extinguidas. Así, las 5,400 hectáreas volvieron, de manera irrevocable, al dominio del Perú.
Mientras tanto, el mundo da vueltas y la plata reluce. Los mercados están nerviosos. La tensión geopolítica, los aranceles, la incertidumbre, hacen que los inversores corran hacia los «activos refugio»: el oro y la plata. El metal que guarda Santa Ana ya no es solo un mineral; en el mercado global, es un seguro, un valor que se aprecia cuando todo lo demás se desestabiliza.
La decisión de las comunidades de 2011, entonces, no fue solo un acto de defensa territorial; fue, sin saberlo, una movida de una astucia financiera brutal. Protegieron del “saqueo de Canadá” un banco de reserva, un seguro de la nación, una riqueza que el tiempo —con su volatilidad y su hambre de metales preciosos— se ha encargado de revalorizar de manera espectacular.
Puno | Comunidades aymaras se concentran frente a la Corte de Justicia en respaldo a su líder Walter Aduviri, quien participa en una audiencia judicial por el denominado caso “Aymarazo”.
A veces, la sabiduría no está en los informes de los analistas de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía – SNMPE, ni siquiera en los veredictos de los tribunales arbitrales. Está en la lucha del pueblo aymara, que decide que hay tesoros que no tienen precio, y que, paradójicamente, por defender ese principio, terminan salvando una fortuna que sí lo tiene. Y que hoy, vale más que nunca.
