El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, presentó su renuncia al cargo en medio de la crisis generada por las deficiencias logísticas registradas durante las Elecciones Generales 2026, especialmente en Lima Metropolitana.
La dimisión se produce luego de varios días de cuestionamientos por los retrasos en la distribución del material electoral, la pérdida de dispositivos con actas y problemas técnicos que afectaron a miles de votantes durante la jornada del 12 de abril.
En su carta, Corvetto reconoce que los inconvenientes operativos en el despliegue del material electoral fueron determinantes para su decisión. Señala que su salida busca facilitar la organización de la segunda vuelta presidencial, en un contexto que exige recuperar la confianza en el sistema electoral.
“He cumplido con integridad mi función”, sostuvo el ahora exfuncionario, aunque admitió que los problemas registrados constituyen una situación que le impide continuar en el cargo. A lo que voy es que no niega lo ocurrido, pero sí marca distancia al plantear que hubo factores que deberán investigarse con mayor profundidad.
En esa línea, también dejó abierta la necesidad de una investigación “imparcial y exhaustiva”, sobre todo en lo relacionado con la cadena logística del proceso electoral. Un punto clave, considerando que las fallas no solo fueron técnicas, sino también de organización y supervisión.
La renuncia fue aceptada por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que convocó a un pleno extraordinario y aprobó por unanimidad la salida de Corvetto. Además, el organismo informó que continuará con las investigaciones preliminares por los hechos ocurridos durante la jornada electoral.
Mientras tanto, el caso ya escaló al ámbito penal. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) presentó una denuncia contra Corvetto, funcionarios de la ONPE y representantes de la empresa encargada de la distribución del material electoral. Entre los presuntos delitos figuran la afectación al derecho de sufragio, omisión de funciones y obstaculización del proceso electoral.
Los cuestionamientos también alcanzan la contratación y supervisión de la empresa responsable del traslado del material, así como las fallas en el sistema tecnológico utilizado para el escrutinio.
En paralelo, Corvetto ha mostrado disposición para colaborar con las investigaciones. Tiene programada una diligencia ante la Fiscalía Anticorrupción para la entrega de su pasaporte y ha aceptado el levantamiento del secreto de sus comunicaciones.
Sobre su trayectoria, se trata de un abogado especializado en derecho electoral que asumió la jefatura de la ONPE en 2020. Durante su gestión se llevaron a cabo múltiples procesos electorales, aunque este último ya había sido advertido por él mismo como uno de los más complejos.
Al final, más allá de la renuncia, el tema de fondo sigue abierto. Las fallas en un proceso electoral no solo son un problema técnico, son un golpe directo a la confianza ciudadana. Y eso, a la larga, es lo más difícil de recuperar.
