Durante el conversatorio nacional “Estimaciones sobre la dimensión de la minería ilegal en el Perú – 2025”, se advirtió que la expansión descontrolada de la minería ilegal en el país, especialmente en regiones como Puno, continuará generando severos daños ambientales y sociales si no se toman medidas urgentes y diferenciadas según la realidad regional.
Desde el año 2003, esta actividad ilícita ha evolucionado hasta convertirse en una amenaza para la seguridad nacional. Genera miles de millones de soles en ganancias fuera del marco legal, contamina ríos y suelos, vulnera derechos humanos y mantiene vínculos con redes del crimen organizado. Además, debilita la capacidad del Estado, que sigue careciendo de información básica, recursos logísticos y estrategias diferenciadas para enfrentarla eficazmente.
El especialista en derecho ambiental Julio Zevallos Yana, con sede en Puno, explicó que la minería ilegal, pese a su carácter nocivo, ha sido adoptada en muchas regiones como un medio de subsistencia. “Cada realidad regional responde a necesidades diferentes. No se puede aplicar una política general como el REINFO o el MAPE a todo el país sin generar consecuencias. En Puno, la extracción es más aurífera, en otras zonas puede ser polimetálica o cuprífera”, detalló.
Zevallos subrayó que es urgente fortalecer las políticas públicas, no solo desde el nivel central, sino también desde las direcciones regionales de Energía y Minas, permitiéndoles adaptar estrategias de formalización minera con enfoque ambiental. “Se requiere control focalizado en las cabeceras de cuenca, donde el daño ecológico es mayor”, puntualizó.
Consultado sobre el crecimiento exponencial de esta actividad ilícita desde inicios de los años 2000, el experto admitió que “la minería ilegal, lamentablemente, opera con mayor logística y tecnología que el propio Estado”. Según indicó, los operativos de interdicción muchas veces fracasan porque los mineros ilegales reciben alertas a tiempo y evaden las intervenciones.
“Erradicar la minería ilegal por completo es poco probable en el corto plazo. Sin embargo, es posible reducir su impacto si se fortalece la fiscalización tributaria, se empodera a las comunidades en el control de sus territorios y se promueven alternativas económicas sostenibles”, declaró Zevallos.
Finalmente, recalcó que aunque funcionarios y especialistas conocen los riesgos ambientales, sanitarios y sociales del uso de sustancias como el mercurio en la extracción aurífera, las respuestas del Estado siguen siendo insuficientes. La ausencia de resultados concretos refleja una alarmante falta de voluntad política y coordinación interinstitucional frente a un problema que sigue poniendo en riesgo la vida de miles de peruanos.
