En un histórico avance para la seguridad en zonas de alto riesgo, el Congreso ha aprobado el proyecto de ley que permitirá la instalación de sistemas de pararrayos en todo el país, una iniciativa que salvará a más de 10 mil familias, particularmente en la región sur de Puno. Este proyecto, fruto de la presión y el compromiso ciudadano, representa el primer plan nacional enfocado en mitigar los efectos devastadores de los rayos.
Un proyecto impulsado por la ciudadanía y avalado por el Congreso
Juan Cortez, presidente del Comité de Gestión de Pararrayos de la zona sur de Puno, destacó que la aprobación de esta norma es el resultado de la movilización de los pobladores de Puno, quienes lideraron el esfuerzo por visibilizar los riesgos que enfrentan diariamente sus comunidades. “Aunque en un principio las autoridades no reconocían la magnitud del peligro —sumado a la falta de documentación oficial sobre muertes causadas por rayos—, la insistencia de la población fue determinante para concretar esta ley”, afirmó Cortez.
El expediente técnico de la iniciativa se completó en 2022 y, tras un proceso legislativo riguroso, solo falta la publicación oficial en el diario El Peruano para entrar en vigencia. En caso de presentarse algún tipo de rechazo, Cortez aseguró que el Legislativo no medirá esfuerzos para lograr la aprobación definitiva.
Inversión regional y proyección de un plan a largo plazo
El gobierno regional ya ha asignado fondos para la ejecución de este ambicioso proyecto. Se han destinado 5.5 millones de soles en 2023, 7.5 millones en el siguiente periodo y 9.5 millones en 2025, con un plan de ejecución que se extenderá durante seis a siete años. Con estos recursos se instalarán 1,124 pararrayos de última generación, cubriendo hasta el 80% de las zonas vulnerables de la región. Además, se contempla la inclusión de alertas tempranas, lo que podría ajustar levemente el presupuesto, elevando el costo total del proyecto a 76 millones de soles.
Impacto positivo en la seguridad y economía rural
La instalación de estos sistemas no solo reducirá el número de muertes de personas y ganado, sino que también tendrá un impacto positivo en la economía de las familias rurales, que dependen en gran medida de la agricultura y la ganadería. El proyecto es un claro ejemplo de cómo la acción colectiva y la participación ciudadana pueden influir en políticas públicas de gran alcance.
Para avanzar en la implementación, Juan Cortez tiene programada una reunión con el gobernador regional en abril, cuyo objetivo es definir un cronograma de obras y asegurar la continuidad en la asignación de fondos para comenzar las labores de instalación aún este año.
La aprobación de esta ley es considerada un triunfo colectivo para Puno y un hito en la protección de las comunidades vulnerables en Perú. Los ciudadanos han demostrado que la persistencia y la organización pueden transformar la realidad de regiones enteras, garantizando un futuro más seguro y resiliente frente a los peligros de la naturaleza.
