En la reunión celebrada entre representantes del gobierno liderados por el ministro de Ambiente, Wilbert Rozas y los afectados por la contaminación minera en la cuenca del río Llallimayo en Puno, estos últimos confirmaron que el gobierno no tiene nada concreto que ofrecer.
Las mesas de conversación están instaladas desde el año 2016 pero el pedido de la construcción de una planta de tratamiento de aguas ácidas solo está en boca de autoridades y dirigentes sin que esté inscrito u oficializado en ninguna parte.
Los dirigentes reclamaban el “código idea” para el proyecto pero resulta que el sistema para su inscripción se cerró en marzo con lo que la posibilidad de obtener financiamiento para el próximo año, se reduce a una posible reconsideración del congreso, concretamente de la comisión de economía.
De acuerdo a indicado por el economista Wilbert Cutipa, en el mejor de los casos se podrá inscribir el proyecto el año 2023, comenzar con los estudios el año 2024 y seguir con la ejecución el año 2025 pero se debe considerar que el gobierno no tiene la voluntad de arreglar el problema pues las mesas técnicas sobre el problema tiene 6 años sin resultados.
Cabe indicar que los pobladores afectados tenían la intención de iniciar un paro indefinido que suspendieron por la promesa de la presencia del ministro en la zona afectada pero, se prevé que, tras este intento frustrado de solución, se prosiga con la medida de fuerza.
Autor: J.Carlos Flores Vargas
