El jefe de la Región Policial Puno, general Francisco Ninalaya Martínez, confirmó que al menos 60 mineros fueron secuestrados dentro de la bocamina San Francisco de Asis, en el centro poblado La Rinconada, distrito de San Antonio de Putina. El hecho, ocurrido la noche del miércoles, dejó una víctima mortal y evidenció la creciente inseguridad que azota esta convulsionada zona de extracción aurífera.
Según Ninalaya, los secuestradores ‘presuntamente miembros de una banda criminal organizada’ se dieron a la fuga ante la presencia de la Policía Nacional, dejando en libertad a la mayoría de trabajadores. No obstante, tres personas continuaban retenidas hasta las horas siguientes. Dos de ellas fueron rescatadas con vida, pero una fue hallada sin signos vitales, con un impacto de bala en la cabeza.
“El asesinato fue cometido cobardemente a un kilómetro dentro de la bocamina. Este crimen no puede quedar impune”, señaló el general.
Zona minera en manos del crimen organizado
La Policía Nacional ha desplegado acciones de inteligencia para identificar y capturar a los responsables del ataque, en una zona donde ‘según el propio general’ operan al menos siete organizaciones criminales con similares patrones de violencia.
Ninalaya explicó que los ataques suelen desencadenarse cuando los trabajadores descubren nuevas vetas ricas en oro. “Es común que entre los propios mineros se comenten estos hallazgos. Esa información es aprovechada por delincuentes que ingresan armados y se apoderan de las bocaminas”, detalló.
Propuesta de estado de emergencia
Ante el incremento de la criminalidad, el jefe policial propuso declarar en estado de emergencia la zona de La Rinconada. Esta medida permitiría el ingreso de las Fuerzas Armadas y el establecimiento de un control territorial permanente para garantizar la seguridad de los trabajadores mineros.
“La situación es crítica. Necesitamos una intervención integral y sostenida, pero sobre todo, el apoyo de la ciudadanía. Solo con el trabajo articulado entre autoridades y población se podrá recuperar el orden”, enfatizó Ninalaya.
Este lamentable hecho reaviva el debate sobre la urgente necesidad de formalización minera y presencia estatal efectiva en una de las zonas más conflictivas del altiplano peruano.
