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Rector de la UNA-Puno denunciado por nombramientos irregulares

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La Universidad Nacional del Altiplano (UNA) Puno se encuentra en el centro de una controversia legal tras la oficialización del nombramiento de 162 docentes realizada el lunes 13 de enero de 2025, en el auditorio del edificio de Educación Continua. Según el abogado Rolando Jiménez Sardón, esta decisión habría vulnerado la Ley N.º 32171, constituyendo presuntos delitos de abuso de autoridad y nombramiento ilegal.

Jiménez Sardón, en declaraciones a Radio Onda Azul, informó que la Fiscalía en Prevención de Delitos ha remitido documentos a la Fiscalía Provincial Penal de Puno, solicitando la formalización de una denuncia contra el rector Paulino Machaca. La acusación se centra en el incumplimiento de disposiciones legales establecidas por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), el Ministerio de Educación y el Órgano de Control Institucional (OCI).

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Incumplimientos a la Ley N.º 32171

La Ley N.º 32171 establece en su artículo 2, inciso 2.1, que los docentes contratados en universidades públicas deben cumplir con ciertos requisitos para su nombramiento, entre ellos:

  1. Tener una experiencia mínima de cinco años en docencia universitaria y/o ejercicio profesional.
  2. Contar con vínculo laboral vigente hasta el semestre académico 2023-2.
  3. Haber sido adjudicados en una plaza mediante concurso público.

Asimismo, el inciso 2.2 prohíbe expresamente la exigencia de requisitos adicionales no contemplados en la ley. Sin embargo, el pasado 10 de diciembre de 2024, en sesión de Consejo Universitario, se aprobó un lineamiento que añadió como requisito la presentación de una resolución rectoral que acredite vínculo laboral al 21 de noviembre de 2023, lo cual sería, según Jiménez Sardón, una flagrante violación a la norma.

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Acciones legales en curso

El abogado también señaló que se ha solicitado una reunión con el presidente de la Corte Superior de Justicia de Puno para exponer la irregularidad del caso. Además, indicó que se está a la espera de la respuesta del Poder Judicial sobre una medida cautelar presentada para detener las acciones ejecutadas bajo este lineamiento.

La formalización de la denuncia por parte de la Fiscalía Provincial Penal podría derivar en una investigación que determine responsabilidades legales en el presunto incumplimiento de la Ley N.º 32171.

Este caso subraya la importancia de respetar las normativas legales en procesos de nombramiento, especialmente en instituciones públicas, donde la transparencia y la legalidad son fundamentales para garantizar el correcto funcionamiento del sistema educativo.

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