La congresista de Cambio Democrático – Juntos por el Perú, Ruth Luque Ibarra, sobre el caso de Rosalino Flores Valverde, dijo que “es imposible no indignarnos por la muerte de este joven de solo 22 años de edad, al que se le truncó su vida”. Le dispararon por la espalda el 11 de enero y él permaneció 59 días hospitalizado en Lima, con más de 30 perdigones que le significaron un daño a varios órganos principales.
La congresista Ruth Luque afirma que hay muchos elementos probatorios (de los abusos cometidos), pero la justicia no llega de manera inmediata, porque la justicia no funciona en nuestro país, pero las investigaciones de los organismos supranacionales van a estar abiertas”.
Debido a que tuvieron que cortarle un poco más de un metro del intestino, solo consumía alimentos por una sonda y, de vivir, hubiera tenido una serie de efectos. Así, la muerte de Rosalino permite ver el problema de los heridos.
Luque refirió que está haciendo seguimiento a los heridos. “Víctor Rojas Alarcón ha quedado parapléjico, otro herido de Andahuaylas necesita que se le habilite una cama de rehabilitación. Rolando Marcas de Huancavelica tiene la mitad del cuerpo paralizado y está hospitalizado casi un mes. Es la familia la que asume estos gastos y la solidaridad que se desarrolla y una grave situación de violación de derechos humanos, afirmó.
“El caso de Rosalino ya está en investigación. Hemos pedido que pase a la Fiscalía Supraprovincial de Derechos Humanos porque está en la Fiscalía de Huanchaq; y nosotros vamos a seguir acompañando hasta que caiga la responsable principal que es Dina Boluarte.”
Va a ser un proceso largo hasta alcanzar justicia
Luque dijo al respecto que hay varias responsabilidades. En materia penal, el responsable directo es el policía que haciendo abuso dispara de manera directa, pese a que Rosalino no lo estaba atacando. Segunda responsabilidad mediata de los altos mandos de la Policía que dispusieron esta acción represiva y hay otros responsables: las autoridades políticas como Alberto Otárola y Dina Boluarte porque son ellos los que tomaron la decisión política de reprimir.
“Creo que va a ser un proceso largo como es en estos casos de violación de derechos humanos que como en la lucha interna ha costado alcanzar sentencias emblemáticas que incluso tuvimos que llevarlo a la Corte Interamericano. No es una investigación que va a durar poco tiempo. Son procesos de constancia de lucha y exigencia de justicia. Estoy absolutamente consciente. Pero sobre este tema en particular, ya hay múltiples investigaciones desde fuera y recomendaciones que me hacen prever que el Estado va a asumir las consecuencias civiles y penales de lo que esto ha significado”, señaló.
Además dijo que el Estado tiene la condición de tercero civilmente responsable, pues hay una responsabilidad directa de los altos mandos de la Policía, donde las pruebas son evidentes. Y sobre el tema del delito, que inicialmente se abrió por lesiones leves, dice lo rechazó y solicitó a la Fiscalía que ampliara el marco del tipo penal e incluso analizar el tema de las ejecuciones extrajudiciales y derechos humanos, porque la persona es disparada cuando no estaba haciendo nada.
La justicia no llega de manera inmediata porque no funciona en nuestro país
“La causa de la muerte está establecida, es un daño multiorgánico que es una causa final y una causa intermedia y lo que ha provocado esto ha sido el impacto de perdigones. La persona tuvo una grave pérdida de sangre, tres operaciones quirúrgicas, se le cortó el intestino. Hay testigos, personas que han visto porque estaban ahí. Hay muchos elementos probatorios, pero la justicia no llega de manera inmediata, porque la justicia no funciona en nuestro país, pero las investigaciones de los organismos supranacionales van a estar abiertas”, dijo.
Añadió que el Congreso es una institución absolutamente desprestigiada y no cree que eso cambie. “Menos, después de las barbaridades como la negativa a aprobar un adelanto de elecciones que permitía a la población elegir nuevos actores políticos”.
“Espero que los congresistas entiendan que, en un contexto de esta naturaleza, con 67 muertos, más de 1,400 heridos graves, no puede haber una institución que permanezca ajena a no fiscalizar y sancionar políticamente. Por esta razón, de manera individual, he presentado dos denuncias penales, de habeas corpus, constitucionales. Estoy siguiendo el proceso de 17 casos de fallecidos y heridos. Y a seguir denunciando y contar la historia de cada caso. He renunciado hace dos meses al pago de mis semanas de representación”.
Escuche la entrevista con la congresista Ruth Luque aquí.
