Hay 61 manifestantes muertos a manos de las fuerzas del orden. Dos fiscalías investigan paralelamente los mismos casos en las regiones afectadas
Por: Red de Medios Regionales del Perú

En las regiones del Perú, donde 61 manifestantes fueron asesinados por las fuerzas del orden existen dos fiscalías que vienen investigando los casos. Han pasado más de tres meses y no han citado a los testigos, ni a los familiares de las víctimas. La indignación y el reclamo por justicia crecen ante la indiferencia de las autoridades.
Tampoco hay detenciones entre los efectivos policiales, pero sí de ciudadanos y dirigentes sociales que alzaron su voz en contra del Gobierno o del Congreso o pedían adelanto de elecciones o Asamblea Constituyente. No se vislumbra una justicia equitativa ni para los fallecidos, ni para los deudos, respecto a los efectivos policiales y militares que cometieron esos asesinatos.
Más bien, existe preocupación en la población porque se estaría tratando de vincular a las víctimas con Sendero Luminoso o a los ciudadanos autoconvocados o gremiales por ejercer un derecho consagrado en la Constitución, la protesta.
La Red de Medios Regionales del Perú conversó con los familiares de las víctimas de Apurímac y Puno, así como con la congresista por Cusco, Ruth Luque Ibarra y con una abogada de Ayacucho, todos clamando justicia desde sus propios sufrimientos y roles.
Yuri Martínez Ochoa: “La aplicación de las leyes no está siendo igualitaria”
La fiscal de la Nación ha dividido en dos la que antes era la Fiscalía de Derechos Humanos y Terrorismo. La Fiscalía de Derechos Humanos en Ayacucho ya ha realizado diligencias de inspección de los lugares de los asesinatos, las balísticas, visualización de videos y recopilación de pruebas con declaraciones testimoniales para conocer el modo y la circunstancia en la que ocurrieron estos asesinatos, informó la abogada Yuri Martínez Ochoa.
“En esta fiscalía de Derechos Humanos que es por las muertes, se tiene las declaraciones de los familiares de los 10 asesinados y de los heridos que son más de 68, afirmando entre otras cosas que, no pertenecen a Sendero Luminoso. Son gente que ha salido, algunos por una nueva Constitución, otros porque renuncie Dina Boluarte y se han autoconvocado, como muchos ciudadanos a nivel nacional, porque las protestas pacíficas son un derecho”, dice la letrada.
Para la abogada Yuri Martínez Ochoa, en el Perú se ha perdido la presunción de inocencia y preocupa la tesis fiscal que quiere hacer creer que detrás de todas las protestas está Sendero Luminoso.
En tanto, la Fiscalía contra el terrorismo ha iniciado su propia investigación, con la tesis de que detrás de las movilizaciones estaría Sendero Luminoso. La abogada señala que algunos de los que han muerto salieron de sus trabajos y estaban retornando a sus hogares cuando fueron asesinados. Está el caso del adolescente de 15 años que salía de su trabajo en el cementerio y volvía a casa, y lo mataron. Igual el caso de Jhon Ávila Yucra, quien murió a dos cuadras de su domicilio.
“Ninguna tesis que quieran poner (para justificar estas muertes) , ni la fiscalía, ni el Ejecutivo, ningún otro poder del Estado tiene valor porque desde la Constitución y el Derecho Internacional, nadie tiene el derecho a quitar la vida”, dijo.
Preocupa la cacería de brujas a dirigentes sociales
“Desconozco los avances de la investigación en la Fiscalía de Terrorismo. Pero ningún testigo o familiares de las víctimas o heridos han sido citados aún. Preocupa que en esta cacería de brujas a dirigentes sociales, a gente que se atreve a levantar su voz para pedir reformas, sean perseguidos, incluso por representantes del Legislativo, que han pedido exterminarnos”, sostiene Martínez.
Es el caso del profesor Alejandro Manay Pillaca, dirigente del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho, detenido el pasado 12 de enero. Las pruebas que han señalado para decir que es de Sendero son: que estuvo en una movilización para pedir educación pública gratuita; o que estuvo en movilizaciones pidiendo nueva Constitución o ha participado en eventos académicos exponiendo sobre lo que significó la lucha armada interna. Esas situaciones, según el Ministerio Público y la Dircote, hacen que pertenezca a Sendero Luminoso e incluso se han atrevido a decir, que son estos dirigentes, los causantes de los muertos en Ayacucho, explica la abogada.
“Eso dijeron en la audiencia de prisión preventiva que los dirigentes, son los responsables de los asesinatos en Ayacucho. Como abogados, como sociedad, podemos decir que la aplicación de las leyes no está siendo igualitaria. Y mientras a unos se les da con palos a otros se les da beneficios. Las fiscalías, juzgados y Tribunal Constitucional sacan jurisprudencias a la medida de cada circunstancia y de eso tenemos mucho. Las prisiones preventivas, por ejemplo, que son excepcionales no son la regla, se están dando a diestra y siniestra como si fueran reglas generales”, denunció.
Cualquiera puede ser víctima de las injusticias
En la audiencia de prisión preventiva dijeron que han tenido inteligencia de la Dircote. Sin embargo, dijeron del profesor Manay que no tiene trabajo conocido, cuando es profesor nombrado. O que no tenía casa y su vivienda es propia y tampoco familia, cuando tiene su esposa. ¿De qué tipo de seguimiento están hablando? La Policía y Dircote tienen que ser más objetivos y dar a la ciudadanía elementos reales y convincentes. Si así se aplican las normas, cualquiera puede ser víctima de las injusticias, explica.
La prisión preventiva tiene unos supuestos procesales para aplicarse. Debe existir una pena probable mayor a 4 años. Cuando existe un peligro de fuga, obstaculización de la justicia, y que no tenga arraigo laboral, domiciliario o familiar. Y la ley señala que estos requisitos tienen que ser concurrentes, es decir, si uno no se da, no se puede dar prisión preventiva, no se puede dar si uno falla. Esto no es una sentencia, detalló.
“La regla general es, primero te investigo y luego te encarcelo. Pero ahora se ha perdido la presunción de inocencia y cualquier ciudadano puede ser detenido; y después de la prisión preventiva, si cometieron un error, ni siquiera piden disculpas… Se consideró incluso que el hecho de no tener hijos, es una situación de no arraigo. Algo absurdo y se callan los académicos. Todos los sectores debemos pronunciarnos y no dejemos pasar otra más de las injusticias que pasan en nuestro país”, afirmó.
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