Mientras Mirko Lauer busca la delincuencia en las protestas sociales, el el Ejecutivo (gobierno) ha caído, vía Dina Boluarte y Alberto Otárola, en manos de la expresión política del narcotráfico y el crimen organizado: el fujimorismo y sus satélites (Renovación Popular y Avanza País).
El «asalto» del Poder Ejecutivo, aprovechando el autogolpe de Pedro Castillo y la sucesión constitucional de Boluarte, de esa coalición narco-criminal empalmó con el copamiento y control que han logrado de casi todas las instituciones estatales: Ministerio Público, Poder Judicial, Tribunal Constitucional y Junta Nacional de Justicia (JNJ).
Ahora, producto de ese empalme y ensamblaje, el fujimorismo y sus satélites son, de un lado, la nueva mayoría oficialista y, de otra, ostentan casi el poder absoluto, total. Solo les falta la Defensoría del Pueblo y los organismos electorales (JNE y la ONPE). Y no pararán hasta coparlos. Están en eso.
¿No puede Lauer ver ese enorme poder criminal, que es algo más que la combinación de narcotráfico y corrupción, haciendo demostración de su poder? ¿Acaso el fujimorismo y sus satélites, de pronto, de convirtieron en «liberales» o fuerzas con ideología? Ahí están representados el narcotráfico, la corrupción y la minería ilegal, etc., de alto vuelo.
En menor escala están, no solo en el sur andino, sino en casi todo el país. La corrupción, narcotráfico, minería ilegal, etc., mueven, en gran medida, la economía nacional, regional y local. Ahora pueden estar, pero eso no quiere decir que financien la insurgencia popular.
¿Cómo llamamos a lo que se ha configurado entre el 7 de diciembre hasta hoy? Es un narcoestado o, por la concurrencia de otras actividades delictivas (minería ilegal, trata de personas, tráfico ilícito de madera y armas, etc.) un Estado mafioso en proceso de afirmación. Pero, eso sí, el narcotráfico es poder criminal más importante es influyente de la política y la economía.
¿Acaso estamos inventando algo que el Perú no ha conocido -y sufrido- en los 90? El fujimorismo fue autoritario y criminal. El FujiBoluartismo también lo es. La diferencia es que el gobierno de Boluarte implementa el autoritarismo: las masacres y asesinatos de más de 60 manifestantes.
Es una lastima que mentes lúcidas, esperemos que no sea por racismo o estipendio, callen ante el proceso de entronización del narcopoder fujimorista. El «terruqueo» sin terrorismo, convertido en política estatal, sirve para distraer y silenciar las escasas voces críticas de intelectuales y sectores del progresismo.
El control de las redes sociales, bajo la amenaza de ser «terroristas», es el signo de una era de anulación de la libertad de expresión, un derecho humano fundamental. La abstención y el autosilencio abonan lo que está ocurriendo.
Jaime Antezana Rivera
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