Prefectos y ex prefectos de Puno argumentaron que eliminar sus cargos tendría como consecuencia acabar con la presencia del Estado en localidades alejadas y el abandono de tareas como la justicia administrativa así como disminuir la eficacia de programas asistenciales.
Además coincidieron en afirmar que la iniciativa tiene el afán político de golpear al gobierno en vista de que, en reiteradas ocasiones, este tipo de autoridades mostraron su respaldo al presidente. Por lo tanto, ellos quieren dañar al gobierno pero terminarán dañando al mismo Estado.

Precisaron que en San Román indicaron que existen al menos 700 expedientes de garantías personales que podrían quedar abandonados si desaparecen las prefecturas así como la organización de programas como Fise o Qali Warma.
Caso similar se dio con los ronderos pues el congreso aprobó una norma que, a decir de los ronderos, crea rondas paralelas e incluso permite darles armas creando el ambiente potencialmente conflictivo en las zonas rurales del Perú.
Autor: J.Carlos Flores Vargas




