Con las primeras sentencias de extinción de dominio ya expedidas, el juez Javier Arpasi Pacho precisó que, a la fecha, en el juzgado de Puno se tiene un promedio de 23 demandas fiscales cuyo monto es cercano a los 10 millones de soles y medio millón de dólares de probable origen ilícito que podrían pasar a poder del Estado.
Agregó que, de esas 23, ya se tienen sentencia en 8 casos que están relacionados a vehículos que se usaron en el narcotráfico. En tanto, entre el resto de casos, existen algunos que involucran a ex autoridades políticas de la región, incluso presidentes regionales, tal como dejó entrever el magistrado.
La extinción de dominio busca “desapoderar bienes de ilícita procedencia o que fueron utilizados en actividades ilícitas” y, mediante una sentencia, hace que dicho bien pase a favor del estado, es decir de todos los peruanos”, según explicó.
RETROACTIVO
El juzgado de extinción de dominio puede, incluso afectar a la herencia cuando se trata de bienes ilícitos. “ El que consigue un bien mediante actividades ilícitas, nunca fue propietario”, indicó Arpasi.
Su advertencia llegó a los autoridades corruptas: “es un secreto a voces que muchos políticos quieren llegar al cargo para apropiarse de dinero o ganar dinero por contratos millonarios (…) a través de esta ley, los fiscales y policías de extinción de dominio son los persecutores de las personas que puedan tener en su poder bienes fruto de actividades ilícitas”, agregó.
