La muerte de cinco personas acribilladas por el Ejército en Colcabamba, Huancavelica, al interior de la camioneta en la que se trasladaban, en un operativo antidrogas, debe ser investigada por una Fiscalía de Derechos Humanos y no por una fiscalía común, exigió la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, organismo que realiza seguimiento al caso.
De acuerdo con el abogado de la Coordinadora, Carlos Rodríguez, la información disponible hasta el momento evidencia un uso excesivo de la fuerza y la forma en que murieron los ocupantes de la camioneta configura una ejecución extrajudicial.
“Existe un manual, un código militar para la intervención en estos casos, que regula el uso de las armas de fuego”, señaló. “Si en efecto hubieran sido atacados con armas de fuego y la vida de los militares estaba en peligro inminente, eso justificaba el uso de la fuerza proporcional. Pero eso no ha ocurrido”, explicó en comunicación con Huanca York Times.
Rodríguez indicó que las acciones contra el narcotráfico están a cargo de la Policía Nacional, mientras que el Ejército interviene en apoyo. Sin embargo, en esta operación —según dijo— no hubo presencia policial, aunque sí una fiscal, quien tras los hechos pidió apoyo de la comisaría de Colcabamba para asegurar la escena y detener a los ocho militares.
El abogado cuestionó además la forma en que se empleó la fuerza. “Si la camioneta no se detenía ante una orden, no era necesario usar las armas como se hizo; se podía disparar a las llantas para detener el vehículo”, sostuvo. “Lo que han hecho es disparar directamente al cuerpo, incluso hay uno con disparo a la cabeza, conforme se ve en la redes sociales de diversos medios de comunicación”, agregó.
Para el representante de la Coordinadora, “el uso de las armas ha sido desproporcionado, pues, por lo que se conoce hasta ahora, no hubo uso de armas de fuego desde el vehículo”.
En ese sentido, afirmó que la intervención de la patrulla del Ejército en Colcabamba, la madrugada del sábado 25 de abril, careció de legalidad, necesidad, proporcionalidad y racionalidad.
En su pronunciamiento público, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos advirtió que la gravedad de lo ocurrido exige una investigación exhaustiva que permita determinar si el uso de la fuerza se ajustó a los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos, y reiteró que el Estado tiene la obligación de garantizar que hechos como estos no se repitan.
🚨 #Alerta | Exigimos investigación y sanción por las muerte en Colcabamba
Pedimos una investigación inmediata, independiente y con debida diligencia por las muertes ocurridas el 25 de abril en Colcabamba (Huancavelica), donde cinco personas habrían sido asesinadas y dos… pic.twitter.com/VbThL39vv5
— CNDDHH 🇵🇪 #ConsensoPorLosDDHH (@cnddhh) April 27, 2026
Militares investigados en libertad
En tanto, el Primer Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tayacaja, a cargo de la fiscal provincial Zina Romero Chávez, inició investigación preliminar a los ocho integrantes del Ejército, así como a otros tres civiles, por el presunto delito de homicidio calificado, en agravio de cinco personas en proceso de identificación, en la provincia de Tayacaja, Huancavelica.
De acuerdo con las primeras indagaciones, el ataque se produjo el 25 de abril durante una intervención por presunto tráfico ilícito de drogas en la carretera Colcabamba-Ayacucho. Entonces, según los militares, ellos ordenaron el alto a una camioneta que se desplazaba en la vía para luego atacar con disparos a los ocupantes del vehículo, tras no acatar la disposición de los agentes del orden.
Los investigados que fueron detenidos son los militares Luis Montenegro, Brayan Fernández, Douglas Villacorta, Edilberto Marcos, Andy Sánchez, Jorge Aguilar, Américo Vásquez y Fernando Córdova.
Todos ellos, quienes inicialmente fueron detenidos, fueron puestos en libertad y así afrontarán las investigaciones.
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