El reinició de la erradicación de los cultivos ilícitos de coca en San Gabán (Carabaya, Puno), ha puesto en la escena nacional a los cocaleros. Esto ocurre después de cerca de cuatro años: la última vez que se erradicó fue a fines del 2016 y parte del 2017.
Esta nueva erradicación, sin embargo, encuentra un contexto signado por mucha más coca de la que había antes, a los cocaleros con una federación de cuenca y, una constante, al gobierno sin una estrategia integral de lucha contra el narcotráfico.
Asimismo, días antes que asuma el nuevo ministro del Interior, Luis Barranzuela, el 6 de octubre, y pocos días después del XII congreso cocalero, realizado el 2 y 3 de octubre en el Vraem, donde el presidente Pedro Castillo respaldó la ley de coca para su «industrialización. En realidad, es la tercera vez que se erradica los cultivos ilicitos de coca en esta zona.
Aunque se desconoce la fecha exacta del reinició de la erradicación en esta cuenca, el primer reporte de presencia «militar» (Los Andes) ocurrió el 5 de octubre pasado. Los productores de coca informaron de esa presencia en el sector de Selva Verde, en la frontera de Puno y Madre de Dios.
A partir de ese día, y tras sostener una reunión con los «militares», los cocaleros presumieron que se trataba de personal del Proyecto Especial de Control y Reducción de Cultivos ilegales (Corah). Incluso, les pidieron explicación de su presencia en el lugar. Eso sí, se configuró nuevamente un escenario de tensión. De pre-conflicto.
Según diversas fuentes, la presunción era realidad. En esa fecha, el personal del Corah, con seguridad policial, habría empezado la erradicación de la coca que ha crecido exponencialmente en el periodo pandémico en la cuenca de Carabaya que involucra los distritos de San Gabán, Ayapata y Coasa. La suspensión de la erradicación el año 2020 le dio tiempo.
Ante la sospecha de que se venía la erradicación, los cocaleros de Lechemayo y zonas aledañas de San Gabán, según el diario Los Andes, advirtieron que realizarían «protestas en caso de que procedan con la erradicación de sus cultivos de coca». Aquí cabe destacar que, a diferencia de las erradicaciones anteriores, no solo existe una organización cocalera de la cuenca de Carabaya, sino que está articulada a la Conpaccp.
Al respecto, esta nueva organización de cuenca fue creada el pasado mes de septiembre. Si bien se creó para participar en el congreso de la Conpaccp, su objetivo primordial es la defensa de la coca de la erradicación que, desde julio pasado, asomaba la zona. Esta no se habría producido por la caída de un helicóptero en que fallecieron cinco policías.
Cuando los cocaleros se cercioraron que se estaba erradicando, el martes 12, estalló el conflicto. Según la policía, cerca de las 10 de la mañana, alrededor de 400 cocaleros se concentraron en el centro poblado de Loromayo, límite con Mazuko (Madre de Dios), donde el personal del Corah erradicaban cultivos de coca. Los cocaleros protestaban contra la erradicación.
En esas circunstancias, según el diario Correo, los cocaleros «interceptaron dos vehículos que transportaban a trabajadores del Corah procedente de Puerto Maldonado». En ese lugar, según el mismo medio, los cocaleros «apedrearon las unidades que terminaron con daños materiales de consideración».
Eso no fue todo. Los cocaleros, en el sector El Carmen, «Bajaron los equipajes del personal policial y del Corah, siendo destruidos y quemados» (Onda Azul 13.10.21). La protesta de los cocaleros tiene como escenario la carretera Interoceánica, por el sector El Carmen y el puente Inambari, frontera con Madre de Dios.
Los policías no pudieron hacer nada ante la gran cantidad de cocaleros. Es probable que no hayan actuado represivamente para evitar costos sociales como ocurrió a fines del 2016, en el que fueron asesinados dos cocaleros en El Carmen, dónde se ubica la base de operaciones del Corah. Al respecto, no se sabe sí el gobierno reparó a los deudos de estás víctimas mortales.
¿Qué exigen los cocaleros y autoridades? Dos cosas concretas: la suspensión de la erradicación y la instalación de una mesa de diálogo. ¿Es posible qué el gobierno, a través del ministro del Interior Luis Barranzuela, acceda a la principal demanda cocaleras, la suspensión de la erradicacion? Más allá de su posición contra la erradicacion, es improbable que eso ocurra.
En esa línea, el conflicto tiene para rato y, por el acuerdo de una defensa de todas las cuencas en el congreso de la Conpaccp, es posible que se convierta en nacional.
