La madrugada del 5 de abril dejó al descubierto un caso que compromete seriamente la imagen institucional de la Policía Nacional del Perú. Un efectivo en actividad fue detenido junto a dos presuntos cómplices tras ser vinculado a un asalto ocurrido en la ciudad de Tacna. El giro decisivo en la investigación lo marcó la propia víctima, quien logró rastrear su celular robado hasta la provincia de Ilo.
De acuerdo con el reporte policial, el agraviado, un abogado de 26 años identificado como Arnold C. M., fue interceptado alrededor de las 5:00 a. m. en las inmediaciones del mercado Leoncio Prado. En ese punto, fue violentamente reducido por varios sujetos, quienes lo golpearon para sustraerle un iPhone 16 Pro Max, dinero en efectivo cercano a los S/ 7,200 y otras pertenencias de valor.
Lejos de resignarse, la víctima activó el sistema de geolocalización de su equipo móvil, lo que permitió seguir la ruta del dispositivo a lo largo de la carretera Costanera Sur. La señal condujo hasta un vehículo de placa AVN-018, ubicado frente a la heladería Venecia, en plena Plaza de Armas de Ilo.
Durante la intervención policial, uno de los ocupantes fue identificado como Renzo Ángel Sacatuma Acostupa (27), quien, según las primeras diligencias, sería miembro activo de la Policía Nacional. Junto a él también fueron detenidos Job Jeanpaul Guillén Soto (30) y Joel Arturo Cahuana Astete (30).
La inspección del vehículo reveló la presencia de dos celulares reportados como robados, lo que reforzó las sospechas de su participación en el delito. Un elemento clave fue el reconocimiento directo realizado por la víctima, quien señaló a Sacatuma Acostupa como la persona que, minutos antes de la intervención, le devolvió el equipo presuntamente en un intento de evadir responsabilidades.
Las primeras hipótesis de la investigación apuntan a que los tres implicados habrían actuado de manera coordinada, participando tanto en el asalto como en el traslado de los objetos sustraídos hacia otra jurisdicción. Este detalle agrava la situación legal de los detenidos, al configurar el presunto delito de robo agravado en flagrancia.
El caso ha sido derivado a la unidad especializada de la Policía en Ilo, mientras el Ministerio Público continúa con las diligencias para esclarecer los hechos y determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los intervenidos.
Este nuevo episodio reabre el debate sobre los mecanismos de control interno dentro de la institución policial y la urgente necesidad de reforzar la lucha contra la criminalidad, incluso cuando esta proviene de quienes tienen el deber de combatirla.
