Un informe oficial de la Contraloría General de la República acaba de derribar, punto por punto, la versión que el gobernador regional de Puno, Richard Hancco Soncco, sostuvo durante meses en entrevistas radiales y públicas. Según el documento, sus afirmaciones no solo eran inexactas: formaban parte de “un entramado de falsedades”.
El Informe de Auditoría N° 026-2025-2-5350-AC, de 89 páginas, señala que Hancco direccionó estudios a la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) sin licitación, pagó más de 171 mil soles de manera irregular y ocultó su interés en el terreno de Jayllihuaya, donde su propio equipo tenía vínculos familiares con predios adyacentes.
El convenio con la UNI: S/171 mil sin control ni autorización
El gobernador Hancco declaró en Pachamama Radio el 1 de junio de 2026 que los convenios con la UNI eran “legales y necesarios para destrabar el hospital”. Sin embargo, la Contraloría concluye lo contrario.
Según el informe, Hancco suscribió el Convenio Marco N° 001-2023 y el Convenio Específico N° 006-2023 sin pedir autorización al Consejo Regional. “Se vulneró el artículo 11 del Reglamento Interno del Consejo Regional”, precisa el documento.
Además, la Contraloría detectó que el gobierno regional evadió la Ley de Contrataciones del Estado. El servicio –estudios hidrológicos e hidrogeológicos– debió ser convocado mediante Adjudicación Simplificada, ya que su valor referencial era inferior a 480 mil soles. En lugar de eso, Hancco usó una excepción falsa al amparo del artículo 5 de la ley.
El informe también acredita que la UNI recibió pagos incluso después de vencido el convenio. “Se desembolsaron S/171,218.00. La UNI continuó cobrando ‘gastos operativos’ hasta marzo de 2024, cuando el servicio debió concluir en agosto de 2023”, señala la auditoría.
Peor aún: parte de ese dinero se usó para pagar planillas de personal permanente de la UNI y para financiar un estudio sobre redes de gas en San Juan de Lurigancho, Lima, gastos totalmente ajenos al convenio. La Contraloría califica esto como “ánimo de lucro prohibido”.
Los funcionarios implicados –el gobernador Hancco, su gerente general Juan Oscar Macedo Cárdenas y el exgerente de Infraestructura Wilhem Rogger Limachi Viamonte– no presentaron ningún descargo. Así lo consigna el informe. Por ello, la Contraloría remitió los actuados a la Procuraduría Pública Anticorrupción para acciones penales.
El terreno de Jayllihuaya: un abandono deliberado, no técnico
En sus entrevistas, Hancco aseguró que el terreno de Jayllihuaya fue descartado por “alto riesgo hidrológico e hidrogeológico”. La Contraloría demuestra lo contrario.
El informe explica que el Gobierno Regional aprobó un “Plan de Trabajo para el levantamiento de observaciones” que ordenaba subsanar las observaciones tanto de Jayllihuaya como del terreno de la Av. El Sol. Sin embargo, el gerente de Infraestructura, Jorge Edson Limachi Mozo, contrató servicios exclusivamente para la Av. El Sol, violando su propio plan.
“Al no subsanar las observaciones de Jayllihuaya, el Gobierno Regional incumplió las condiciones de transferencia del predio”, señala la auditoría. Ese terreno está valorizado en S/1,616,220.00 según SUNARP, y el incumplimiento arriesga su reversión a la Municipalidad Provincial de Puno. La Contraloría advierte un “perjuicio económico potencial”.
Además, el informe es claro: el PRONIS no descartó Jayllihuaya. El Programa Nacional de Inversiones en Salud solo exigió que el gobierno regional subsane las observaciones de ambos terrenos. La decisión final correspondía a la autoridad regional. “La decisión de abandonar Jayllihuaya fue unilateral y sin sustento técnico suficiente”, concluye la Contraloría.
Fuentes del informe añaden que el gerente general Juan Oscar Macedo Cárdenas tiene un tío con un terreno adyacente a Jayllihuaya, aunque el documento no establece un vínculo directo de beneficio económico.
El silencio del gobernador que habla por sí mismo
Richard Hancco Soncco fue notificado formalmente de todos estos hechos mediante cédula de notificación electrónica. Según la Contraloría, no presentó ningún descargo ni aclaración. En el lenguaje de la auditoría, su silencio equivale a una aceptación tácita de las irregularidades.
El informe cuantifica:
- Perjuicio económico acreditado: S/ 171,218.00 por el convenio con la UNI.
- Perjuicio económico potencial: S/ 1,616,220.00 por el riesgo de pérdida del terreno de Jayllihuaya.
Lo que viene: acciones penales y administrativas
La Contraloría ya emitió recomendaciones vinculantes:
- Que el Órgano Instructor del Gobierno Regional procese administrativamente a todos los funcionarios implicados.
- Que la Procuraduría Pública Anticorrupción inicie acciones penales contra Richard Hancco Soncco, Juan Oscar Macedo Cárdenas y Wilhem Roger Limachi Viamonte por presuntos delitos de negociación incompatible, colusión y abuso de autoridad.
- Que el Consejo Regional disponga el deslinde de responsabilidades por el abandono del terreno de Jayllihuaya, para evitar que los gastos proyectados de S/54 millones se conviertan en un perjuicio mayor.
Las pruebas documentales, los pagos indebidos, los plazos vencidos y el silencio del gobernador ante la Contraloría dibujan un retrato muy distinto al que Hancco ofreció en radio. Según el informe oficial, no hubo error técnico ni buena fe: hubo direccionamiento de fondos, ocultamiento de información y una decisión política contra el terreno de Jayllihuaya.
El gobernador Hancco dijo que no tenía “nada en contra de ese terreno”. La Contraloría responde, con 89 páginas, que actuó “de mala fe desde el inicio”. Ahora, el Ministerio Público y el Poder Judicial tienen la palabra.
