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Crisis constitucional

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El Tribunal Constitucional (TC) acaba de vetar la posibilidad de que se pudiese convocar a una nueva Constituyente.

Su argumento es que la actual carta magna no contempla una forma legal de dar paso a una nueva asamblea que redacte una nueva constitución.

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Con ese razonamiento la carta magna de 1993 se convertiría en eterna, incluso debiera estar vigente hasta cuando la humanidad empiece a colonizar otros mundos.

Todos los 6 países que son o han sido parte de la Comunidad Andina de Naciones han tenido nuevas constituyentes hechas en democracia (Colombia y Chile teniendo a la derecha en el poder, y Venezuela, Bolivia y Ecuador con gobiernos «socialistas»).

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El Perú es el único que aún tiene una carta magna elaborada tras un golpe, en una dictadura y con mucha represión.

Ni siquiera esta fue refrendada por la mayoría de los votantes en el referéndum. Pese a que este fue hecho con fraude y militarización, el Sí estuvo por debajo de la combinación del No, los nulos y blancos.

La carta magna de 1979 tiene una «cláusula pétrea» que desautoriza cualquier intento de cambiarla sin un mecanismo democrático. Esta legalmente puede ser reinstalada y, automáticamente, caería el TC.

Esta institución, cuyos 7 magistrados son desconocidos para el 99.9% de los peruanos, se ha convertido en la principal autoridad que puede avalar o deponer muchas leyes.

Su actual Presidente, Augusto Ferrero, en 2011 fue el último candidato a la vicepresidencia postulado por Cambio 90 (el partido fundado por Fujimori para llevarlo a palacio y luego imponerse como dictador).

A la cabeza de su plancha estaba Luis Castañeda Lossio, condenado luego por haber sido uno de los más corruptos alcaldes de Lima y cuyo partido es el mismo del ultraderechista López Aliaga, y como tercera, Rosa Núñez, entonces esposa de Acuña, el propietario de APP.

Fue él quien ordenó liberar a Fujimori, cosa que fue revertida por un fallo de la Corte Interamericana. Los otros 6 magistrados fueron designados por este Congreso y ya le han avalado en muchos de sus pedidos.

El actual Congreso quiere cambiar un cuarto de los artículos de la constitución (lo que implicaría una nueva carta magna) y todo ello sin permitir que el pueblo sea consultado.

Como hoy todos quieren cambios constitucionales, la única vía para lograr ello es una nueva Constituyente. Ya hemos tenido casi 20 en la bicentenaria historia peruana.

La que debe venir debe ser una en la cual las 196 provincias, las 50 naciones originarias, los pueblos de ancestros africanos y orientales, los sindicatos, rondas, comunidades campesinas, organizaciones populares, agrarias, juveniles, magisteriales, gremiales, de emprendedores, femeninas, y de todo tipo tengan representantes electos con capacidad de ser revocados por sus propios electores.

Como este Ejecutivo y Legislativo ya han perdido toda autoridad, es probable que esta Constituyente pueda ser convocada por una asociación de los nuevos gobernadores regionales o entidades populares.

La idea de adelantar las elecciones sgenerales no ha de resolver la crisis, pues seguirá latente esa dualidad de poderes que genera esta actual carta magna entre la Presidencia y el Parlamento, donde ambos buscan permanentemente anularse uno al otro. Es mejor que sea esta nueva Constituyente la que designe un gobierno provisional supeditado a esta.

Un primer paso en esa dirección es restablecer temporalmente la constitución de Haya y Bedoya de 1979.

Mientras tanto, el divorcio entre el Congreso y sus electores va a seguir creciendo y alimentando más protestas. Mientras a los pobres se les ha dado un extra de 300 soles por navidad, los congresistas van a llevarse a casa este diciembre, una suma que va a ser superior a esta en más de 100 veces.

La única manera en que este Legislativo y Ejecutivo tan impopulares puedan asentarse es sobre la punta de la bayoneta. Y, esta, usualmente termina destrozando de abajo hacia arriba a todos los que solo descansan sobre ella.

Isaac Bigio

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Además, el congresista Balcázar será investigado por apropiación ilícita. El todavía alcalde de Trujillo, Arturo Fernández, rechaza presupuesto del Gobierno Regional. Y en Junín, no hay avances en la búsqueda del enfermero secuestrado.

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