La corrupción es un tema muy presente en la política peruana y Cusco no ha sido la excepción. Varios ex alcaldes de diferentes distritos están procesados por delitos relacionados a esta problemática.
Uno de ellos es José Luis Ríos Álvarez, quien fue alcalde del distrito de Echarate, en La Convención. Actualmente lo están procesando por corrupción y hay una orden para su captura nacional e internacional. Además, se solicitó prisión preventiva para él y ocho ex funcionarios. La orden de captura se emitió el 24 de febrero del 2016.
Otro caso es el del ex alcalde del distrito de Vilcabamba, Juan Eudes Olivera Ricalde. Él está acusado por el presunto delito de colusión agravada por malversar fondos públicos cuando era alcalde entre los años 2011 y 2014.
En mayo del 2016 se le ordenó una prisión preventiva por 18 meses, fugó y el Ministerio del Interior ofreció una recompensa de 20,000 soles a quien diera información sobre su paradero. Finalmente lo capturó la Policía Nacional del Perú en junio del 2018.
Exalcalde fugó pero lo atraparon el mismo año
Julián Incaroca Ninancuro también está involucrado en casos de corrupción mientras fue alcalde del distrito de San Sebastián, en la provincia de Cusco. Fue regidor en ese mismo distrito desde el año 2007 hasta el año 2010 y luego asumió como alcalde entre los años 2011 y 2014.
Está acusado por los delitos de colusión simple, lavado de activos y abuso de autoridad, debido a irregularidades en la ejecución de obras públicas. La justicia lo condenó a nueve años de prisión en el año 2016, cuando fugó. Finalmente fue capturado por la Policía Nacional del Perú este año.
Por otro lado, Víctor Orosquipa Huiche también fue un ex alcalde procesado por corrupción mientras estuvo a cargo del distrito San Pedro que se encuentra ubicado en la provincia Canchis, dentro del departamento de Cusco.
Otros ex alcaldes han sido capturados por diversos tipos de conductas ilícitas, a lo largo de los años. Sus acciones ilegales no solo afectan directamente las finanzas públicas sino también afectan indirectamente a toda la población que vive dentro estos distritos porque impiden la ejecución adecuada y eficiente de obras públicas, necesarias para mejorar las condiciones sociales y económicas locales.
