La minería ilegal en la selva de Puno avanza sin control y amenaza con convertirse en un nuevo epicentro de violencia como en Pataz (La Libertad). Así lo advirtió el fiscal superior Frank Robert Almanza Altamirano, coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA), quien sostuvo que en zonas como Sandia, las posibilidades de intervención son prácticamente nulas debido a la falta de presupuesto, logística y marco legal eficaz.
Según el magistrado, los distritos de Patambuco, Phara, Limbani, Alto Inambari, Yanahuaya y San Juan del Oro ‘todos ubicados en la provincia selvática de Sandia’ se encuentran entre las diez zonas más críticas del país afectadas por la minería ilegal. No obstante, las fiscalías ambientales no cuentan con recursos básicos para realizar operativos sostenidos.
“Para intervenir en zonas como la selva puneña necesitamos chalupas, brújulas, linternas, bolsas de dormir, además de movilidad terrestre y aérea. Pero este año no se nos ha asignado ningún presupuesto específico para esos gastos”, denunció Almanza, quien además alertó que esta precariedad institucional expone a las comunidades locales a un riesgo creciente.
Vacíos legales permiten impunidad en la cadena del oro ilegal
El fiscal también remarcó que el actual marco legal solo sanciona la extracción ilegal de minerales, pero deja impunes otras etapas de la cadena, como el transporte, almacenamiento, compra y venta del oro. “Eso permite que el oro ilegal siga fluyendo hacia el mercado sin mayores obstáculos”, subrayó.
Además, lamentó que reformas recientes hayan debilitado instrumentos clave como la extinción de dominio, lo que ha reducido la capacidad del sistema judicial para desarticular redes criminales que operan tras la fachada de formalización minera.
Más de 700 investigaciones, pero mínimas condenas
Durante el presente año se han abierto más de 700 investigaciones fiscales por minería ilegal y delitos conexos en el país. Sin embargo, las sentencias condenatorias siguen siendo excepcionales, según Almanza, quien llamó al Ejecutivo y al Congreso a tomar acciones urgentes para cerrar los vacíos legales y fortalecer la respuesta estatal frente a este flagelo.
La situación en Puno, agregó, es un reflejo del problema nacional: regiones con alta conflictividad y riqueza minera, pero sin capacidad efectiva de intervención. “Si no se revierte esta situación, la minería ilegal terminará generando un conflicto de magnitud nacional, como ya ocurrió en Pataz”, concluyó el fiscal.
