El Ministerio Público ha iniciado una investigación preliminar contra los colectivos autodenominados “La Resistencia”, “Los Combatientes” y “Los Patriotas” por presuntos delitos de acoso y coacción. Entre las víctimas identificadas figuran altos funcionarios del sistema electoral, fiscales del Equipo Especial, periodistas y defensores de derechos humanos, quienes habrían sido objeto de amenazas e intimidaciones.
Altos funcionarios y figuras públicas, entre los agraviados
La disposición fiscal, con un plazo inicial de 60 días, incluye como agraviados a Jorge Salas Arenas, presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE); Piero Corvetto, jefe de la ONPE; los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela Barba; Zoraida Ávalos, fiscal suprema; Gustavo Gorriti, director de IDL-Reporteros; Rosa María Palacios, periodista, y Gloria Cano, abogada de APRODEH.
Los actos de hostigamiento y amenazas habrían ocurrido tanto en contextos públicos como privados, afectando no solo la seguridad de las personas implicadas, sino también la independencia y legitimidad de las instituciones del Estado.
Intimidación y estrategia coordinada
Según la fiscalía, los grupos investigados habrían llevado a cabo acciones de intimidación directa y coordinada, con el objetivo de deslegitimar el rol de las instituciones electorales y del Ministerio Público. Estas acciones serían parte de una estrategia más amplia para socavar la estabilidad democrática y atentar contra la libertad de expresión.
Preocupación por el clima de violencia
Diversas organizaciones defensoras de derechos humanos han manifestado su alarma ante el creciente clima de violencia contra quienes cumplen funciones clave en la defensa de la democracia peruana. Estas agrupaciones señalan que no se trata de incidentes aislados, sino de un patrón recurrente de agresiones y hostigamientos hacia ciudadanos, periodistas y figuras públicas en protestas y eventos sociales.
Acciones de la fiscalía: diligencias y peritajes
Como parte de la investigación, la fiscalía ha ordenado una serie de diligencias, que incluyen la recopilación de testimonios, análisis de registros audiovisuales y la realización de peritajes. El objetivo es esclarecer las responsabilidades penales y establecer sanciones correspondientes si se confirman los hechos denunciados.
Este caso subraya la necesidad de garantizar la protección de quienes desempeñan roles esenciales para el funcionamiento de la democracia, así como de reforzar la lucha contra la violencia y la impunidad en el país.
