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Puno

Froilán Larico, aportante de Richard Hancco, investigado por presunto tráfico de influencias con proveedor del Proyecto Artesanía

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El gobierno regional de Puno atraviesa una crisis de legitimidad. Bajo la administración de Richard Hancco Soncco, una práctica recurrente ha levantado sospechas: la designación de antiguos aportantes de su campaña en cargos clave, algunos ahora investigados por presuntos actos de corrupción. Entre ellos, Froilán Larico Quispe, cuyo nombre aparece en los informes financieros presentados por Hancco a la ONPE, ha pasado de ser un simple colaborador electoral a convertirse en jefe del Proyecto Artesanía del Gobierno Regional. Su caso podría ser solo la punta del iceberg de un sistema de favores políticos que compromete la transparencia de la gestión pública.

De aportante a funcionario: la ruta del privilegio

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Los registros de la ONPE no mienten. Froilán Larico Quispe figura como aportante en dos momentos cruciales de la carrera política de Hancco: primero, con quinientos soles entregados durante la campaña del dos mil dieciocho, y luego, con setecientos ochenta soles en especie —combustible, pintura, telas, alimentos— durante las elecciones regionales del dos mil veintidós. No eran contribuciones anónimas, sino inversiones con nombre y apellido.

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Hoy, Larico Quispe es el responsable del Proyecto Artesanía, una dependencia que, bajo su gestión, ha adjudicado contratos por más de doscientos treinta mil soles a un solo proveedor: Lizandro Pedro Aguilar Lope. La coincidencia sería anecdótica si no fuera porque, según documentos bancarios revisados por Pachamama Radio, Aguilar Lope depositó cinco mil trescientos setenta soles directamente en la cuenta personal de Larico Quispe el tres de febrero del dos mil veinticinco.

La transacción, irregular según cualquier estándar de probidad pública, sugiere un posible esquema de retribución. ¿Se trató de un préstamo personal? ¿O, de un pago encubierto a cambio de contratos? La Fiscalía de Puno ya intervino las oficinas del proyecto.

El delito que podría costarle la libertad

El Código Penal es claro: si un funcionario público recibe dinero de un proveedor estatal a cambio de favorecerlo en licitaciones, comete cohecho pasivo. Si, en cambio, utilizó esos fondos para gastos personales, estaría incurriendo en peculado. Ambas figuras están siendo evaluadas por el fiscal a cargo de la investigación.

Lo grave, sin embargo, no es solo la posible condena de Larico Quispe, sino su cercanía con el gobernador Hancco. Según fuentes internas, el ahora investigado es considerado «hombre de confianza» del gobernador, lo que plantea una pregunta incómoda: ¿hasta qué punto Richard Hancco está al tanto —o es cómplice— de estos manejos?

La defensa de Froilán Larico ante las acusaciones de corrupción

Froilán Larico Quispe, actual jefe del Proyecto Artesanía del Gobierno Regional de Puno, salió al frente para desmentir las acusaciones de presunta corrupción que lo vinculan con el proveedor Lizandro Pedro Aguilar Lope. En su defensa, el funcionario —quien también fue aportante de la campaña del gobernador Richard Hancco— asegura que las evidencias en su contra han sido distorsionadas o falsificadas.

«No manejé esos fondos: Larico se deslinda de órdenes de compra anteriores

Larico sostiene que asumió el cargo recién el 5 de noviembre de 2024, por lo que las órdenes de compra de 2023 y parte de 2024 difundidos en la investigación de Pachamama Radio —que suman más de 91,000 soles— no habrían pasado por sus manos. «Es información maliciosa. Esos montos corresponden a otros proyectos, no al de Artesanía», declaró.

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El depósito cuestionado: ¿Voucher trucado o transacción real?

Uno de los puntos más polémicos es un voucher bancario que mostraría un depósito de 5,370 soles en la cuenta personal de Larico, supuestamente realizado por Aguilar Lope el 3 de febrero de 2025. Sin embargo, el funcionario asegura que ese documento es falso:

  • «En febrero, solo recibí 3,636.88 soles, que corresponden a mi sueldo como residente del proyecto», afirmó, mostrando su extracto bancario del Banco de la Nación.
  • «Además, el depósito aparece hecho en un agente de Pucará, pero montos superiores a mil soles solo se pueden realizar en ventanilla bancaria», argumentó, sugiriendo una posible manipulación del comprobante.

Larico admitió que, efectivamente, en febrero, marzo y abril, recibió 3,636.88 soles mensuales como parte de su remuneración, pero negó haber obtenido otros ingresos.

«Sí lo conozco, pero no hubo irregularidades»: la relación con el proveedor

El jefe del proyecto reconoció su vínculo laboral con Lizandro Pedro Aguilar Lope, a quien describió como un «maestro artesano de Lampa, especialista en torneado de cerámica». Sin embargo, insistió en que los contratos adjudicados siguieron los procedimientos legales y que no hubo trato preferencial.

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Mientras la Fiscalía de Puno avanza en su investigación, el caso se debate entre dos escenarios posibles: ¿una estrategia para incriminar a un funcionario leal a Richard Hancco o la punta de un iceberg corrupto que Larico no ha podido —o no ha querido— desmentir con pruebas contundentes?

En las próximas horas, el fiscal provincial Willian Otazú podría dar un paso decisivo: solicitar autorización judicial para levantar el secreto de las comunicaciones de Larico. Este procedimiento, considerado clave en casos de colusión, permitiría rastrear llamadas, mensajes y correos electrónicos que confirmen o descarten coordinaciones ilícitas con otros proveedores del gobierno regional.

El contexto político agrava las sospechas: Larico no solo fue aportante de la campaña de Richard Hancco, sino que ahora es su hombre de confianza en un proyecto con contratos millonarios. La sombra del clientelismo se cierne sobre Puno, y solo las pruebas recabadas por el Ministerio Público podrán determinar si hubo delito o si, en efecto, los documentos fueron manipulados para dañar su imagen pública.

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El patrón que se repite

Este no es un caso aislado. En los últimos meses, al menos otros tres aportantes de la campaña de Hancco han sido nombrados en cargos públicos sin concurso de méritos. Algunos, como Larico Quispe, manejan partidas millonarias. La práctica, aunque no siempre ilegal, erosiona la confianza en una administración que prometió «reforma y honradez» en su lema electoral.

Mientras la Fiscalía avanza en su investigación, Puno espera respuestas. Por ahora, el silencio del gobernador Richard Hancco solo alimenta las sospechas de que, detrás de estos nombramientos, hay algo más que gratitud política: un sistema de favores que convierte el dinero público en botín de campaña.

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