Una denuncia que mezcla gestión pública y daño ambiental ha puesto en el centro del debate a la Municipalidad Provincial de El Collao. El alcalde Richar Ururi Cueva y varios de sus funcionarios fueron denunciados penal y administrativamente por la presunta depredación de la Plaza de Armas de Ilave, uno de los espacios más representativos de la ciudad.
La acusación fue presentada por el ciudadano César Alipio Cotrado Velarde ante la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Puno, el pasado 10 de marzo. El caso apunta a un presunto delito contra los recursos naturales, específicamente en la modalidad de depredación de flora urbana.
Más de 80 árboles habrían sido eliminados
Según la denuncia, la intervención municipal habría implicado la eliminación de al menos 85 especies forestales de considerable antigüedad, entre ellas cipreses, pinos y álamos, además de ocho jardines ornamentales que formaban parte del ecosistema urbano de la plaza.
Lo que se cuestiona no es solo la magnitud del retiro, sino la forma en que se habría ejecutado. De acuerdo con el expediente, se utilizó maquinaria pesada para remover árboles y raíces, dejando el área en condiciones que el denunciante describe como un “espacio yermo”.
Cuestionan falta de permisos ambientales
El origen del conflicto se remonta a una obra de remodelación iniciada en agosto de 2025. Sin embargo, uno de los puntos más críticos es que, según la denuncia, el proyecto se habría ejecutado sin contar con una certificación ambiental aprobada ni con la opinión técnica del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR).
Además, se advierte una posible vulneración de la Ley N.º 31199, que protege la intangibilidad de los espacios públicos y áreas verdes en zonas urbanas.
A partir de ahí, el caso deja de ser solo una obra municipal y pasa a un terreno legal más delicado, el de posibles responsabilidades penales por decisiones administrativas.
Funcionarios también están implicados
La denuncia no alcanza únicamente al alcalde. También incluye a funcionarios de las áreas de Infraestructura, Desarrollo Económico y Gerencia Municipal, quienes habrían participado en la aprobación y ejecución del proyecto.
De comprobarse las irregularidades, podrían enfrentar penas de hasta siete años de prisión, según lo establecido en los artículos 313 y 314 del Código Penal peruano, relacionados con delitos ambientales.
Piden inspección urgente
Como parte de las acciones, el denunciante solicitó al Ministerio Público una inspección ocular para verificar el estado actual de la zona y constatar el impacto ambiental. Entre las pruebas presentadas se incluyen fotografías comparativas del antes y después, así como declaraciones públicas de los involucrados.
Al final, este caso vuelve a poner sobre la mesa una discusión que suele repetirse en varias ciudades, hasta qué punto una obra de “mejoramiento” puede justificar la eliminación de áreas verdes. Y más aún, qué controles existen para evitar que decisiones locales terminen afectando el equilibrio ambiental urbano.
Por ahora, la investigación está en curso. Lo que se determine marcará no solo responsabilidades individuales, sino también un precedente sobre cómo se gestionan los espacios públicos en la región.
