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La auditoría internacional que los fujimoristas y la extrema derecha impulsaban tiene la lapida que se merece.

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El 2 de julio, a horas del fin de semana, el gobierno respondió al pedido de Keiko Fujimori: que el presidente Francisco Sagasti invoque a la OEA para que realice una auditoría internacional a la segunda vuelta.

La respuesta gubernamental fue vía el Ministerio de Justicia (Minjus), el sector que asesora legalmente al jefe de gobierno. En ese sentido, la respuesta del Ejecutivo se ajusta estrictamente a la ley.

Foto: Jaime Antezana Rivera, experto en temas de narcotráfico
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¿Qué dice la respuesta? En concreto, el oficio señala que no es posible el pedido de convocar a una auditoría electoral «en estricto respeto del principio de neutralidad». Es decir, es inviable que el gobierno efectivice el pedido de Keiko Fujimori.

Después de la respuesta negativa del gobierno estadounidense de Joe Biden, a través de su asesor del Hemisferio Occidental, la respuesta del gobierno de Sagasti es la lapida de la auditoría electoral que pedía Keiko Fujimori y sus cada vez menos aliados.

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Sin embargo, cabe destacar que está es una lapida que Keiko Fujimori y aliados mismos gestionaron. Lo buscaron. En efecto, ellos sabían -y lo exigieron, cuando creyeron que se estaba inmiscuyendo- que el presidente Francisco Sagasti debía ser neutral .

Así ha actuado el gobierno con ese oficio. En ese sentido, la auditoría internacional que los fujimoristas y la extrema derecha impulsaban tiene la lapida que se merece.

Jaime Antezana Rivera

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