Por Jaime Antezana Rivera
La declinación, no renuncia, «irrevocable» al cargo de representante del Ministerio Público ante el JNE del magistrado Luis Arce Cordova, es la fase final del golpe de Estado del fujimorismo al proceso electoral.
Eso es evidente. Su declinación deja sin quórum y paraliza al máximo ente electoral en una etapa crucial del proceso electoral: resolver las apelaciones de las solicitudes de nulidad y la proclamación del ganador de las elecciones.
Al dejarlo sin quórum y paralizar al JNE, la decisión de Arce Cordova tiene el mismo objetivo del fujimorismo: seguir alargando al máximo la proclamación del ganador de las elecciones, deslegitimar y abortar el proceso en su conjunto.
Por qué declinó Arce Cordova, magistrado vinculado a los «Cuellos Blancos del Puerto'» y otras investigaciones? No es por saber la «Verdad» del supuesto «fraude» o tener un «gobierno electo limpia y transparentemente». O por decisiones con clara «parcialización política» del pleno del JNE.
O, asignándose un rol de constitucionalista que no tiene, por evitar que la representación que ejerce y sus votos en minoría «sirvan para convalidar falsas deliberaciones constitucionales…». Nada de eso.
Cuál es la real razón de su declinación? La declaración como infundadas la apelación de 10 pedidos de anulación de mesas (1,837 votos) por la mayoría del pleno del JNE. Fue eso que llevó al «hermanito» Arce Cordova a patear el tablero. No otra razón.
Por qué tenía que hacerlo? La decisión de la mayoría del pleno del JNE prefiguraba el destino inevitable de las demás apelaciones de nulidad: ser declaradas infundadas. Además, cerró la posibilidad de acceder al registro de electores de la RENIEC, pedido compartido de Luis Arce y Fuerza Popular, para seguir alargando los resultados finales de las elecciones.
Asimismo, como señala Arce en su carta, existía «la decisión de adoptar un acuerdo en bloque para la declaración de la improcedencia por extemporaneidad en la presentación de las nulidades…».
Más aún, como señala el comunicado del JNE post declinación de Luis Arce, era un «Proceso electoral sobre el cual NO existe prueba alguna de fraude atribuible a los organismos electorales». E invocan a la «sociedad en general a respaldar los principios democráticos…».
En consecuencia, el irreal «fraude» y la avalancha de apelaciones de los pedidos de nulidad que lo demostrarían estallaron en pedazos en el terreno del JNE. Igualmente, el pedido de habeas data solicitado tanto por Keiko Fujimori y su equipo legal. Todo eso se vino abajo.
En cuestión de horas, de la mañana a la tarde del miércoles 23, toda su estrategia leguleya perdió importancia en la estrategia fujimorista en su objetivo de alargar y hacer abortar las elecciones. Eso incluye sus demás leguleyadas ante el Ministerio Público y el Poder Judicial.
Ante el descalabro de su «fraude» y toda su estrategia legal en el terreno del JNE, el fujimorismo y su topo dentro de este tenían que recurrir rápidamente a otro plan bajo la manga: solo les quedaba el camino del sabotaje.
El sabotaje es la fase final del plan golpista desde el interior del JNE. Es una jugada, al dejarlo sin quórum y paralizado, para lograr no solo alargar la proclamación del ganador de las elecciones, el profesor Pedro Castillo, sino para abortar todo el proceso electoral.
Si esa jugada les funciona, es posible que lleguemos -como aspira el fujimorismo- al 28 de julio sin que el JNE haya proclamado al presidente electo. Ese vacío sería llenado por presidente del Congreso, o sea, por un fujimorista con un polo diferente, quién convocaría a nuevas elecciones. Ese es al golpe de Estado al que apuntan.
En ese hipotético escenario, lograrían dos cosas: quebrarían la voluntad popular, el proceso electoral y sus instituciones (Onpe y JNE) abortando la alternancia del gobierno en el Bicentenario de la República y, a la vez, quebrarían el equilibrio de poderes.
Y en el Congreso coparan el Tribunal Constitucional y, además de otras «reformas» constitucionales, censurar a Mesa Directiva del Congreso y sacar a Francisco Sagasti de la presidencia interina.
Todo eso sería, que duda cabe, la destrucción de la débil gobernabilidad que tenemos y de la precaria democracia que dicen defender. Democracia que solo es tal cuando les sirve para sus fines criminales y rentistas.
Por eso, hay que defender la voluntad popular expresada en los resultados finales de la Onpe y exigir la proclamación de Pedro Castillo como Presidente Constitucional del Perú. Eso significa la defensa de la gobernabilidad y la democracia y la derrota del golpe de la fujimafia.
Jaime Antezana Rivera
